“Violencia política debe ser delito”
• Necesario, lograr que mujeres denuncien, dice • Alerta sobre discriminación al interior de partidos
Apesar de los avances y esfuerzos que se tienen en México para erradicar la violencia política de género, la realidad rebasa todo, aseguró la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto.
Las mujeres que entran en política y buscan puestos de elección popular se enfrentan a distintos tipos de violencia. El reto para las instituciones, señaló, es lograr que ésta se denuncie.
Y al interior de los partidos políticos, destacó, también se vive un foco rojo por la discriminación que llega a existir.
No se trata, dijo, de ir en contra de los hombres, sino simplemente lograr la paridad de género.
Tan sólo en el proceso electoral 2017-2018, la Sala Superior tuvo 329 medios de impugnación por paridad de género, de los cuales 147 fueron declarados infundados.
En el mismo proceso, se tuvieron 102 medios de impugnación por violencia política de género, de los cuales 38 fueron infundados.
Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género.
¿Cómo se debe entender el tema de violencia de género y violencia política de género?
—Es un tema sustantivo que lacera no sólo a las mujeres, sino a la humanidad entera. Hablar de violencia política y violencia en general hacia las mujeres, es algo que siempre lamentablemente se ha vivido a través de la historia de la humanidad, pero no siempre se había diagnosticado y evidenciado socialmente, institucionalmente y llevado hasta lograr tener indicadores para tomar acciones al respecto.
¿Qué tiene que hacer el juzgador o juzgadora para atender esto? —Tenemos que tener interpretaciones y análisis del caso en los que muchas veces de entrada no le dábamos paso a las demandas, porque no venía en el dictamen expuesta una violencia grave. Para analizar estos casos necesitamos tener una visión de eliminar obstáculos técnicos, procesales, como fue el caso en el que se determinó que las mujeres tienen interés legítimo para impugnar casos y situaciones en las que no son directamente ellas las afectadas. Tenemos el caso de la sentencia emblemática de las Juanitas en donde es una sentencia, que técnicamente no corresponde a una metodología jurídica. Ahí se maximizaron los derechos, se advirtieron peligros inminentes que tendrían las mujeres para poder ejercer libremente sus derechos y entonces se permitió dar un paso más en algunos aspectos no establecidos en la ley, sino que por criterio de sentencias se han favorecido.
¿Qué ha pasado con los avances? —Llegamos a la paridad en 2014 a nivel constitucional.
Hoy tenemos casi paritariamente en el Senado y la Cámara de Dipu tados. Igualmente los Congresos de las entidades federativas en donde hubo elecciones.
Sin embargo, ha habido un costo muy alto para muchas mujeres que no debería haber, porque no es un costo igual para hombres.
¿Qué ventajas hay?
—Uno de los aspectos positivos es el que es más visible: que hay un compromiso muy consolidado, serio y expresado públicamente por parte de las instituciones públicas para atender, sancionar y erradicar la violencia política hacia las mujeres, y también que hay más mujeres organizadas para defenderse. ¿La violencia política de género es un delito en sí?
—No es un delito en sí. Tenemos pendiente determinar la violencia política por razón de género hacia las mujeres como delito electoral y que se sancione a quienes la ejerzan: funcionarios públicos, partidos políticos, medios de comunicación y cualquier persona en general.
El Tribunal Electoral ha emitido un protocolo para atender la violencia política hacia las mujeres por razón de género.
“La violencia política hacia las mujeres no es natural, no se debe aguantar la humillación, no [se debe] aguantar que no den dinero para la campaña, que digan lo que se les ocurra en los medios de comunicación y en las redes sociales”