DESAPARICIÓN FORZADA, DELITO PERMANENTE: HRW
Este es el cuarto artículo en una serie producida por Human Rights Watch para EL UNIVERSAL, evaluando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos
Como abogados especializados en derechos humanos, generalmente no hacemos rankings sobre los abusos que documentamos. Sin embargo, después de haber entrevistado a familiares de incontables víctimas a lo largo de los años, estoy convencido de que no hay crimen más cruel que la “desaparición” de un ser humano.
En 2003, durante uno de mis primeros viajes de investigación a México, entrevisté a mujeres en Guerrero que habían perdido a familiares en los 70, durante la “guerra sucia”. Se presumía que sus familiares estaban entre los cientos de personas que los militares ejecutaron y arrojaron al mar. Sin embargo, las familias no tenían certeza de que hubiera sido así, y era por esta incertidumbre que lloraban desconsoladamente al contar sobre la pérdida de sus seres queridos, como si hubiera ocurrido ayer.
Para muchos familiares de desaparecidos, tal vez la mayoría, la pérdida del ser querido se sigue viviendo como algo reciente, aun cuando lo lógico sería suponer que, muy probablemente, la persona esté muerta hace tiempo. Mientras exista incertidumbre, habrá esperanza. Mientras haya esperanza, seguirán atrapadas en una tortuosa indefinición. Para los padres en particular, renunciar a la esperanza se siente como una traición, como si estuvieran matando a su propio hijo.
Cuando presentamos nuestro informe sobre los casos de la “guerra sucia” al presidente Vicente Fox durante una reunión privada en Los Pinos en 2003, le dimos dos motivos por los cuales México debía investigar y juzgar estas atrocidades. Uno era la obligación del gobierno ante estas familias. El otro era la obligación de impedir que estos delitos volvieran a ocurrir. La justicia por abusos cometidos en el pasado puede ser uno de los medios disuasorios más eficaces para que estos hechos no se repitan en el futuro, le dijimos.
Sin embargo, no hicimos tanto énfasis en el segundo punto. Al fin y al cabo, en ese momento, ninguno de nosotros creyó que el problema de las desapariciones volvería a manifestarse en México. Evidentemente estábamos muy equivocados.
Ocho años más tarde, en noviembre de 2011, de regreso en Los Pinos presentamos un informe sobre desapariciones y otros abusos en México. Éstos se habían cometido durante el mandato del presidente con quien íbamos a reunirnos, Felipe Calderón. Desde el inicio de su “guerra contra las drogas” en 2006, soldados y policías mexicanos habían cometido atrocidades generalizadas como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Estas últimas hacían parte de un rebrote más generalizado de las desapariciones —muchas perpetradas por la delincuencia organizada— que recién empezaba a recibir atención nacional.
Calderón arrancó la reunión desestimando a priori nuestra conclusión que México atravesaba una crisis de derechos humanos. Mientras resumíamos nuestros hallazgos, él interrumpía con preguntas, en un tono escéptico y defensivo. Nos desafió a que le presentáramos al menos uno de los “supuestos” casos, y nuestro investigador lo hizo: Jehú Abraham Sepúlveda Garza, detenido por agentes de la policía de tránsito en San Pedro Garza García, Nuevo León, en noviembre de 2010, supuestamente por conducir sin registro, entregado a la policía ministerial y trasladado luego a la Marina, para no ser visto nunca más. “No puede ser”, dijo el Presidente. Pidió más ejemplos.
Mientras Calderón Hinojosa seguía haciendo preguntas, su tono había cambiado. Se le notaba preocupado. La reunión terminó con una invitación (que rechazamos) a exponer ante su consejo de seguridad nacional.
Dos semanas después, Calderón anunció que adoptaría varias de las medidas que le habíamos recomendado. Una de ellas consistía en crear una base de datos nacional exhaustiva sobre personas no localizadas, la Procuraduría General de la República (PGR) encabezó esta iniciativa, y reunió información de procuradurías estatales y otras entidades.
Sin embargo, el gobierno no hizo pública esta información. En lugar de eso, durante las últimas semanas del sexenio de Calderón, funcionarios que temían que esta información nunca se diera a conocer filtraron los datos al Washington Post. Dos días antes de la ceremonia de investidura de Enrique Peña Nieto, el Post publicó un artículo que reveló la estadística más chocante de esta base de datos secreta: más de 25 mil personas habrían desaparecido durante la presidencia del panista.
Cuando asumió Peña Nieto, era evidente para todos que el problema de las desapariciones había regresado con mucha fuerza. Dos meses después, en febrero de 2013, divulgamos un informe en el que intentamos mostrar la verdadera magnitud del problema. Con el apoyo de organizaciones de de- rechos humanos locales logramos documentar 149 desapariciones cometidas por agentes gubernamentales durante la presidencia de Calderón. Las pruebas del informe demostraban que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos de estos delitos de manera planificada y coordinada.
Peña Nieto no estuvo dispuesto a reunirse con nosotros. Por lo tanto, le presentamos el informe a su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien nos aseguró que haría más que sus antecesores para abordar la crisis. Inmediatamente después de la reunión, en una conferencia de prensa improvisada en la calle, su subsecretaria para Derechos Humanos anunció que el gobierno revisaría y actualizaría la base de datos sobre desaparecidos.
Nuestra siguiente cita fue con el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Describimos los errores y las omisiones aberrantes que habíamos detectado en casi todos los casos examinados.
El procurador respondió con un ofrecimiento: si Human Rights Watch compartía las evidencias que sustentaban nuestro informe, él asignaría un equipo de fiscales para que trabajara en la investigación de algunos casos, con nuestro asesoramiento. Aceptamos la propuesta.
Regresamos a México el mes siguiente con nuestros archivos sobre 14 casos, correspondientes a 41 víctimas. Cuando volvimos a reunirnos con el equipo de fiscales seis semanas más tarde, constatamos que no habían logrado mayores progresos. Les pedimos que nos informaran cuando hubieran logrado avances. Nunca lo hicieron.
En cuanto a la base de datos, no hubo el más mínimo avance durante más de un año. Cuando el gobierno finalmente rompió el silencio, fue para emitir una serie de anuncios contradictorios. En mayo de 2014, la Secretaría de Gobernación anunció escuetamente que después de depurar las listas concluía que la cantidad de personas ausentes había descendido a 8 mil. En junio, indicó que la cifra era de 16 mil. En agosto, de 22 mil.
En vez de hacer pública la base de datos como se había comprometido, el gobierno generó un portal en línea que solamente permitía a los usuarios averiguar si personas específicas estaban en dicha base y, en cada caso, dónde y cuándo habían sido vistas por última vez. El portal era apenas una estrecha rendija, pero aun así tenía muchísimos vacíos. En diciembre de 2013, Animal Político informó que 86 de los 149 casos de desapariciones forzadas que habíamos identificado en nuestro informe ni siquiera aparecían en la base de datos.
No es que el gobierno de Peña Nieto no haya hecho nada para abordar la crisis. En junio de 2013, Murillo Karam, a pesar o quizás justamente porque estaba perdiendo fe en el equipo de fiscales ad-hoc que trabajaba en nuestros casos, conformó una unidad especial dentro de la PGR para investigar desapariciones. En los cinco años transcurridos desde entonces, la unidad ha encontrado 379 personas (177 con vida, 202 muertos). Aunque este es un logro importante, representa una fracción de la cantidad total de personas no localizadas—que actualmente son más de 37 mil, según el gobierno.
Pero la unidad especializada no ha logrado hacer justicia en ninguno de los casos, ha abierto menos de mil 300 investigaciones penales, ha presentado cargos únicamente en 11 y no ha obtenido ni una condena.
Entre los casos que el equipo de Murillo Karam fue incapaz de resolver, estaban las desapariciones de 10 personas por elementos de la Marina en Nuevo Laredo a principios de junio de 2011. En julio de 2013, se informó en Nuevo Laredo de otra ola de secuestros cometidos por elementos de la Marina, y al principio de 2018, hubo otra más.
Las familias de las víctimas empezaron a denunciar las desapariciones en febrero de este año, pero la PGR recién inició investigaciones en junio luego de que familiares bloquearan la frontera con Estados Unidos pidiendo que las autoridades actuaran.
El presidente Fox Quesada creó una fiscalía especial que intentó —con poco éxito— juzgar crímenes de la “guerra sucia”. No obstante, uno de sus pocos, pero importantes logros fue una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que estableció que las desapariciones forzadas son delitos permanentes.
La crisis de desapariciones en México pronto pasará a ser responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. A fin de apreciar cabalmente qué implica esa responsabilidad, es crucial que se entienda la naturaleza permanente del delito. Las desapariciones forzadas cometidas durante el mandato de sus antecesores seguirán como delitos permanentes durante su gestión, hasta tanto no se conozca el paradero de las víctimas. Si su gobierno no logra esclarecer judicialmente estos hechos, estará perpetuando estos crímenes. Además, si no juzga a los autores y sus cómplices, incrementará las probabilidades de que haya más delitos de este tipo. Es decir, apenas asuma, todas estas desapariciones —pasadas, presentes y futuras— pasarán a ser su responsabilidad.
Desde la elección, el equipo de López Obrador ha celebrado múltiples foros públicos con familiares de víctimas. La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y su subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se han pronunciado en términos enérgicos —y con elocuencia— sobre la catástrofe de derechos humanos que heredarán. El mismo López Obrador también ha reconocido la gravedad del problema como nunca antes lo hicieron sus antecesores.
Sin embargo, el presidente electo ha enfrentado férrea resistencia de los familiares en un aspecto: su reiterada insistencia en la importancia de perdonar a los agresores. Es problemático pedirles a víctimas de cualquier tipo de delitos que perdonen a agresores que no han sido llevados ante la justicia ni han pedido ser perdonados. Pero es mucho más insensible aún para las familias que padecen el efecto permanente de la desaparición forzada de un ser querido. Es como pedir a una persona que perdone a su agresor mientras sigue siendo agredida, o que perdone a su torturador mientras todavía está sufriendo la tortura.
Sin embargo, estas familias han soportado afrentas incluso peores que la insistencia con el perdón. El próximo artículo de esta serie analizará en mayor profundidad la crueldad inconmensurable que entraña la negligencia grotesca por parte de México de su crisis de desapariciones, y cómo las respuestas de los familiares podrían tener efectos transformadores para el Estado de derecho en México.
“En mayo de 2014, la [Segob] concluía que la cantidad de personas ausentes había descendido a 8 mil. En junio, indicó que la cifra era de 16 mil. En agosto, de 22 mil”
“Las desapariciones forzadas cometidas durante el mandato de sus antecesores [de AMLO] seguirán como delitos permanentes durante su mandato, hasta tanto no se conozca el paradero de las víctimas”