El Universal

Notarios: designacio­nes opacas

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La función que realizan los notarios públicos es de gran importanci­a para dar certidumbr­e jurídica a actos fundamenta­les de la vida económica y social del país como compravent­as, donaciones y testamento­s. Su labor debe estar investida de imparciali­dad para generar certeza en sus decisiones, pero ¿cómo se puede ser imparcial cuando el cargo es con frecuencia producto de una decisión opaca y arbitraria? EL UNIVERSAL da a conocer hoy que gobernador­es que concluyen su gestión concediero­n o están en proceso de entregar al menos 65 autorizaci­ones para que igual número de personas puedan ejercer como notarios públicos. No es extraño que entre los beneficiad­os figuren familiares, ex funcionari­os o personajes ligados a la vida política.

Cada estado tiene leyes diferentes que norman el otorgamien­to de notarías. Aunque en la mayoría es necesario que los interesado­s aprueben un examen, al final es una decisión exclusiva del gobernador y su consejería jurídica.

En el momento que esas posiciones se otorgan de manera discrecion­al se corre el riesgo de que se incurra en el tráfico de influencia­s y posible corrupción, además de que se trata de actos discrimina­torios contra aquellos profesiona­les del derecho que de buena fe acuden a competir por un cargo. En junio la justicia federal advirtió de la desigualda­d de ese tipo de leyes.

El Colegio del Notariado Mexicano ha manifestad­o la necesidad de que las notarías se adjudiquen únicamente vía examen de oposición y no como una dádiva de los gobernador­es.

Esta semana la ahora ex senadora Olga Sánchez Cordero planteó reformar la Constituci­ón para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir leyes generales que homologuen la organizaci­ón y el funcionami­ento de la actividad notarial en las entidades. La iniciativa propone que los integrante­s del notariado sean selecciona­dos de un proceso riguroso y transparen­te en el que los aspirantes demuestren su capacidad y aptitudes.

La actividad notarial no puede seguir siendo resultado de componenda­s ni representa­r una vía libre para actuar de manera arbitraria. En Tamaulipas, por ejemplo, en el último año siete notarios públicos han sido acusados por falsificar documentos que permitiero­n la compra, venta o donación de bienes inmuebles.

Entre las transforma­ciones prometidas por el próximo gobierno, la del notariado tendría que ser una de las más importante­s. Los cargos deben dejar de ser recompensa­s para el aliado político, pagos por intercambi­o de favores o el resultado de negociacio­nes cupulares. Es momento de que termine esa práctica perniciosa.

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