Sin freno, éxodo por la violencia
En menos de dos años, 9 mil habitantes de Guerrero dejaron sus lugares de origen por amenazas y ante los frecuentes choques entre bandas criminales por el control de territorios
De 2017 a lo que va de este año, unas 9 mil personas de Guerrero han sido desplazadas de sus comunidades por grupos de la delincuencia organizada, informan organizaciones sociales, y detallan que son habitantes de 37 pueblos en 11 municipios.
La mañana de ayer, una centena de mujeres y niños de la comunidad de Los Morros, del municipio Leonardo Bravo, ubicado en la Sierra, llegaron a Chichihualco después de que la noche del jueves salieron huyendo tras registrarse balaceras entre grupos armados, confirmaron autoridades del municipio.
En lo que va de 2018 suman cinco desplazamientos. En enero, 700 pobladores de San Felipe, municipio de Apaxtla, huyeron después de un ataque armado. En abril, 200 personas abandonaron el ayuntamiento de San Miguel Totolapan debido a los constantes enfrentamientos entre grupos armados. En noviembre ocurrieron tres: 70 pobladores de Tlaltempanapa, Zitlala, caminaron dos días hasta el municipio de Copalillo, después de que el grupo armado que opera en su pueblo les hizo una advertencia: se iban o los mataban.
Hace una semana, 2 mil habitantes de ocho pueblos de la Sierra huyeron tras la incursión de 3 mil personas armadas en la comunidad de Filo de Caballo, en el municipio de Leonardo Bravo y, el pasado jueves, otro grupo salió de este municipio.
Las familias se quedan en terrenos baldíos o en refugios instalados por los gobiernos municipales y estatal, siempre con la ilusión de que un día volverán a sus hogares.
El vocero de Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, afirmó que los desplazamientos que se están dando en el estado son causa de la lucha de las bandas delictivas que buscan el control del territorio. “La hostilidad en la disputa entre los grupos delictivos está provocando que los pobladores dejen sus comunidades por el temor de ser agredidos”.
Álvarez Heredia dijo que el gobierno del estado en los últimos cinco años tiene un “cálculo” de 2 mil familias que huyen por la violencia.
En 2017 emigraron 5 mil 948 personas, de acuerdo con el informe Episodios del desplazamiento interno forzado masivo en México 2017, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Este año ya rebasan los 3 mil desplazados.
El documento indica que la gente huye de municipios con violencia marcada: Chilapa, Zitlala, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Heliodoro Castillo, Chilpancingo y Teloloapan.
Buscan control. El director del Centro de Defensa de los Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares, explica que este fenómeno comenzó desde 2011, pero en los últimos años escaló.
“La principal razón es económica, a través de dos formas: la disputa de la bandas delictivas por el control de los territorios y la minería”.
Explica que en la primera, los grupos delictivos buscan el control del territorio para apoderarse de rutas, de la producción de drogas, la mano de obra y el cobro de cuotas.
Otra forma es cuando las mineras se quieren instalar en los pueblos. Olivares dice que las empresas mineras utilizan a los grupos armados para someter a los pueblos mediante la violencia.
“Las mineras, el gobierno federal y los estatales están utilizando a los grupos delictivos para despoblar a las comunidades y así no haya resistencia a la explotación”, afirma.
Pero, advierte Olivares, aunque no utilicen la violencia, cuando explotan los recursos los desplazamientos son eminentes. “Aunque les paguen por sus tierras, al final se tienen que ir porque los daños al ambiente son tan grandes que se convierten en lugares inhabitables, está el caso de Carrizalillo [en el municipio de Eduardo Neri], de donde la gente se sigue yendo por los efectos de la mina, pero también porque los grupos delictivos tomaron el control”.
En el desplazamiento de Filo de Caballo, los pobladores tienen una hipótesis. Los 3 mil armados que tomaron su pueblo pretenden controlar la región, porque en 2019 está programado que se explote un yacimiento de oro y plata en la comunidad de Xochipala, a unos kilómetros de su pueblo.
Y lo han dicho: detrás de la incursión está un líder criminal que ya opera en Carrizalillo y en el Balsa, donde actualmente se están explotando minas.
En 2014, en Guerrero el Congreso local aprobó la ley 487 para prevenir y atender los desplazamientos. Uno de sus propósitos es que los desplazados regresen a su lugar de origen, pero eso casi no ocurre.
Olivares detalla que el primer problema es que la 487 no está reglamentada, entonces no hay forma de echar a andar los mecanismo para la prevención y atender los desplazamientos.
El no poder regresar, agrega, es la peor frustración de los desplazados y trae consecuencias, sobre todo entre los niños, las mujeres y los adultos mayores. “Los desplazamientos forzados no sólo es la pérdida material de su casa, de sus animales, sino trae traumas, daños sicológicos y sociales. En los niños trae el desarraigo a sus pueblos y el trauma de la violencia es permanente”.
“Los criminales llegan a los pueblos y se quieren llevar a hombres y mujeres a trabajar en los cultivos o en otras actividades y a éstos no les queda más que dejar sus pueblos”
MANUEL OLIVARES
Defensor de derechos humanos