Propone magistrado anular elección al gobierno de Puebla
• Proyecto deberá ser votado por el pleno del Tribunal Electoral
Al considerar que hubo fallas en la cadena de custodia del material electoral, José Luis Vargas Valdez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propuso declarar la nulidad de la elección para gobernador en el estado de Puebla.
Anoche, el magistrado difundió en redes sociales su proyecto de sentencia, que deberá ser votado por el pleno, en el que plantea revocar la constancia de mayoría a la panista Martha Erika Alonso. Además, da un plazo de 60 días, una vez notificada la sentencia, para que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice un nuevo proceso.
De acuerdo con el proyecto, la autoridad electoral local actuó con negligencia en el resguardo de la paquetería electoral. El próximo 14 de diciembre está prevista la toma de posesión de Erika Alonso, hasta ahora gobernadora electa, de la coalición Por Puebla al Frente.
El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, propuso declarar la nulidad de la elección para gobernador en el estado de Puebla por falta de certeza en la elección, y que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) el que organice un nuevo proceso en 60 días.
Anoche, el magistrado subió a redes sociales su proyecto de sentencia para ser conocido por la opinión pública, mismo que se discutirá por los siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que ordena revocar la constancia de mayoría obtenida por la panista Erika Alonso.
El proyecto debe ser discutido en breve por el pleno de los magistrados y contempla, de aprobarse, que puedan repetir los candidatos participantes de la pasada elección.
El magistrado Vargas Valdés difundió ayer en sus redes y en aras de la transparencia el proyecto en el cual los consejeros del Organismo Público Local (OPL) actuaron con negligencia en el resguardo de la paquetería electoral y esta custodia estuvo plagada de irregularidades, lo que no permitió tener “certeza de que la voluntad expresada en urnas”.
Por ejemplo, la bodega electoral tuvo más de un acceso, la entrada al área de resguardo no estaba sellada, las cámaras de seguridad sólo grabaron 12 de 53 días en que los paquetes estuvieron ahí.
Más aún, la autoridad presentó documentos para pretender acreditar que sí se resguardó debidamente la documentación, pero con inconsistencias que generan “sospechas de que dichas constancias fueron fabricadas” para atender requerimientos de la Sala Superior, lo que podría constituir un delito penal.
Esa elección extraordinaria se propone realizarla 60 días después de que se notifique la resolución.
Vargas Valdés, magistrado ponente en este caso, propone se inicie un procedimiento de remoción de los consejeros del organismo público local electoral de Puebla y se dé vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) por las inconsistencias en su actuación.
El próximo 14 de diciembre estaba prevista la toma de posesión de la gobernadora electa Erika Alonso, de la coalición Por Puebla al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano).