Miguel Carbonell
“Las quejas por el recorte a salarios es una batalla por el poder político. ¿Quién ganará?”.
Las espadas están en alto. Dos columnas vertebrales de la arquitectura constitucional mexicana están a punto de librar lo que será sin duda una batalla que marcará el sexenio recién inaugurado y que pondrá en claro si puede más la fuerza del poder o el poder del derecho.
El enfrentamiento se está librando por un lado entre el gobierno de AMLO, apoyado por su mayoría legislativa en el Congreso, y por otra parte por el Poder Judicial de la Federación, un aparato orgánico de 44 mil trabajadores, que resuelve más de un millón de juicios anualmente y tiene un presupuesto superior a los 75 mil millones de pesos.
La mecha que prendió el pleito fue laaprobacióndelaLeyFederaldeRemuneraciones, mediante la cual se hace realidad una reforma constitucional del año 2009 conforme a la cual ningún servidor público puede tener ingresos superiores a los del Presidente de la República. Junto a esta ley fue aprobada también por los legisladores una reforma al Código Penal Federal para establecer sanciones de cárcel para los funcionarios que no respeten ese tope salarial .
El problema es que el presidente López Obrador ya dijo que va a ganar 108 mil pesos al mes y es seguro que loslegisladoresdesupartidoacatarán ese deseo al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. En la práctica eso supondría un recorte tajante a los sueldos de los ministros de la SCJN (cuyo ingreso mensual total neto en el 2018 es de 388,290 pesos), del personal que les ayuda en la Corte (un Secretario de EstudioyCuentapuedeganar217,104 pesos mensuales netos), de magistrados de circuito (con ingresos netos de 248,186 pesos), jueces de distrito (224,838 pesos mensuales) y buena parte del resto de la estructura del Poder Judicial Federal, incluyendo a los poderosos consejeros de la Judicatura Federal y a los integrantes del Tribunal Electoral.
Esa baja se ha estimado contraria a la independencia judicial y a las garantías que debe tener todo juzgador para ejercer debidamente su cargo. Así lo han considerado las barras de abogados en México, las organizaciones internacionales del gremio e incluso la CNDH, que promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones.
También han impugnado la Ley más de 2 mil servidores públicos del Poder Judicial (incluyendo a la mayor parte de sus magistrados federales) a través de centenares de juicios de amparo que ya han sido formalmente planteados y que seguramente serán resueltos por la Corte.
Habrá que estar atentos a las decisiones que se vayan tomando. Lo que sí queda claro es que los juzgadores federales (desde ministros hasta funcionarios de menor rango) tienen derecho a defender sus ingresos yqueunarasuradatandrásticadesus percepciones sin duda alguna afecta las condiciones con las que ingresaron a la carrera judicial. Además, algo similar se aplicará a los demás jueces del país en cada una de las 32 entidades federativas, que muy pronto verán disminuidos sus ingresos.
Pero también es cierto que deben cortarse los gastos excesivos que se han asignado a ciertos funcionarios judiciales. Por ejemplo, cada uno de los ministros de la Corte recibirá este año un “bono por riesgo de seguridad” superior a los 800 mil pesos, cuando lo cierto es que tienen a su disposición camionetas blindadas, guardaespaldas y demás elementos de protección. Ese tipo de dispendios (igual que los boletos en primera clase en todo tipo de vuelos, los vinos importados en el comedor de la Corte, los varios vehículos a su disposición y un largo etcétera) debe ser cortado de tajo y sin demora.
Desde mi punto de vista, hay muy buenos profesionales en el Poder Judicial de la Federación. Muchos de ellos trabajan largas horas, con gran sacrificio personal y familiar. Desde luego que hay que pagarles bien por su trabajo. Eso nadie lo debe poner en tela de juicio. La carrera judicial debe seguir siendo atractiva para los mejores abogados del país y sus condiciones laborales se deben respetar.
Pero no olvidemos que, en el fondo, se trata de una batalla por el poder político. ¿Ganarán nuestros jueces federales o se impondrá la austeridad republicana que defiende el Presidente López Obrador? Muy pronto lo sabremos.