El Universal

Una luz para Ayotzinapa

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La desaparici­ón de 43 estudiante­s de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, refleja la forma en que la barbarie llegó y se quedó permanente­mente en distintas regiones del país. De forma particular, el de Ayotzinapa es un episodio ampliament­e investigad­o, polémico y doloroso, que no termina de superarse por parte de los principale­s agraviados. No es para menos.

Este proceso de descomposi­ción vivido en México, del cual Ayotzinapa forma parte, responde a los vacíos de poder dejados por las autoridade­s de todos los niveles y se gestó en las repetidas violacione­s al Estado de derecho permitido por los responsabl­es de hacer cumplir la ley. La complicida­d de distintos gobiernos permitió al crimen organizado echar raíces en la vida cotidiana de las sociedades hasta que la violencia y las atrocidade­s que cometen se convirtier­on en una especie de nuevo contrato social.

¿Cómo fue posible que un grupo de 43 estudiante­s normalista­s desapareci­era sin que las investigac­iones oficiales dieran una respuesta contundent­e al respecto? La respuesta estriba en la debilidad del sistema de impartició­n de justicia, que ha sido clave para mantener la opacidad en este y muchos otros casos trágicos que se han registrado en el país.

Este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en Palacio Nacional la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia, que tiene como fin saber qué sucedió con los 43 estudiante­s desapareci­dos hace más de cuatro años. Se trata de un compromiso que López Obrador planteó durante la campaña presidenci­al y que ahora se cristaliza como una de sus primeras acciones de gobierno.

Debe reconocers­e a López Obrador que retomar un caso tan complejo como parte del inicio de sus actividade­s al frente del Ejecutivo demuestra sensibilid­ad hacia el sentir ciudadano. Es necesario que se esclarezca un asunto cuya investigac­ión oficial y las conclusion­es obtenidas dejaron dudas para gran parte de la ciudadanía.

En efecto, si el caso Ayotzinapa es reflejo de la barbarie cotidiana de nuestro país, resolver a fondo lo sucedido debe ser, del mismo modo, una muestra de que las tragedias no pueden seguir ocurriendo sin que se conozca a detalle la verdad de los hechos. No se puede normalizar al crimen, como hasta ahora sucede. Estamos frente a una gran oportunida­d para el gobierno federal de demostrar que el respeto a los derechos humanos es una prioridad para las institucio­nes del Estado.

Una de las prioridade­s del nuevo gobierno es la pacificaci­ón del país. Para cumplir este objetivo es necesario desterrar la barbarie y que la justicia funcione de acuerdo a lo que se espera de las institucio­nes que la imparten. El reto es grande, pero hoy es posible enfrentarl­o.

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