¿Seguridad sin justicia? (II)
Dentro del sistema presidencial que muchos países seguimos a partir de la creación estadounidense de 1787, las jefaturas de Estado y de Gobierno radican en una misma persona. El correspondiente titular del Poder Ejecutivo cuenta con la totalidad de la Administración Pública para realizar ambas tareas. En la historia nacional y extranjera de estos regímenes, algunos presidentes han elaborado los grandes trazos de acción y dejado a los colaboradores su ejecución, y algunos otros han definido particularizada y precisamente escenarios y actuares concretos. Por lo que se observa, el Presidente López Obrador pertenece a este segundo grupo. La diferenciación es importante para saber cómo colocarse frente al nuevo gobierno. Si el Presidente se limitara a fijar el bosquejo, la reflexión crítica podría dirigirse mayoritariamente a la ejecución; si, por el contrario, la determinación del todo se hará por él mismo, las críticas acabarán dirigiéndose primordialmente a él.
Esta reflexión viene a cuento porque en mi colaboración del 20 de noviembre pasado, aludí a que en el “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024” acabado de presentar por el entonces Presidente electo, no había referencias a los órganos y procesos de impartición de justicia. Estimé que la ausencia podía deberse a la existencia de un Plan adicional, de modo que al tener la procuración y la administración sus propios espacios narrativos y propositivos, habría un segundo Plan dedicado a la justicia. Sin embargo, después de haber escuchado los dos discursos del 1° de diciembre, mi impresión es distinta.
Para decirlo con brevedad, la justicia ordinaria, esa que a diario imparten miles de juzgadores en todo el territorio nacional para resolver miles de conflictos sociales, no parece ser una variable del modelo de gobierno del Presidente López Obrador. Si con toda razón él ha considerado que la inseguridad es un tema importante, ¿por qué no se ha asumido con seriedad, competencia y profundidad cómo pretende apoyar a la impartición de justicia? ¿Por qué razón en más de 3 horas de diagnósticos, propuestas y compromisos, no aludió a la jurisdicción? En las condiciones apuntadas sobre el estilo personal de gobernar, me temo que piensa que el restablecimiento de la seguridad y la paz no pasa por la jurisdicción estatal ordinaria. Tal vez, me atrevo a suponer, porque asume que el actuar de los juzgadores es inadecuado para alcanzar ese estado de cosas, o porque estima que hay otras formas para lograr tales fines. Arriesgando un poco, creo que en nuestro Presidente prevalece la segunda opción.
Meparecequeenelnuevorégimen se estima que la paz y la seguridad habrán de lograrse mediante procesos generalizados de amnistías, perdones, comisiones de la verdad y justicias restaurativas. Es decir, mediante formas colectivas de identificación y solución, y no mediante maneras individualizadas propias de procesos judiciales. Que así como el hambre o la pobreza tienen que ser comprendidas como un todo englobable en pocas categorías, así también la paz pasa por el agrupamiento de los sujetos afectados y afectantes. Si, efectivamente se procede así, víctimas y victimarios quedarán fuera de los procesos de justicia. Los primeros, por no alcanzar las reparaciones que merecen; los segundos, por no recibir los castigos que democráticamente se ha decidido imponerles.
La fracción XII del artículo 89 constitucional le impone al Presidente de la Republica la obligación de facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el eficaz cumplimiento de sus funciones. Pensar en cómo se va a mejorar la endeble justicia penal mediante la capacitación de policías, ministerios públicos y servicios periciales, o cómo van a concluirse los procesos de oralidad laboral, civil y familiar que ya están en marcha, son modalidades concretas de cumplimiento de las obligaciones constitucionales acabadas de contraer. Es necesario lograr, visibilizar se dice ahora, el papel de la jurisdicción en los procesos que se están asumiendo. De otra manera y con el pasar de los años, eso que hoy no se considera importante, se manifestará en formas violentas, de esas que históricamente han erosionado, desde la base, la legitimidad no ya de un régimen, sino del Estado mismo.