Todos tienen derecho a vivir y ser felices
Los beneficios de la Cuarta Transformación comienzan a cristalizarse en los ámbitos legislativo y de las políticas públicas. La nueva forma de gobernar abandonó la rancia retórica para privilegiar las acciones.
Los grupos históricamente discriminados y en desventaja son para el nuevo gobierno una prioridad. Sin etiquetas, sin distinción de edad, sexo, orientación sexual, ideología, creencias o capacidades, la tarea fundamental es eliminar las desigualdades existentes para que cada mexicano sea integrado a los beneficios del desarrollo y pueda ejercer sin obstáculos todos y cada uno de sus derechos.
Prueba de ello, son las reformas votadas la semana pasada en ambas Cámaras, y que hoy son norma vigente, las cuales reconocen y posibilitan a las parejas del mismo sexo el ejercicio de su derecho a la seguridad social. En otras palabras, sin fobias, prejuicios ni dobles discursos, las leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establecen un mandato expreso en favor de las parejas del mismo sexo, arrancando de tajo la carga discriminatoria que contenían los preceptos legales, los cuales atentaban contra la dignidad humana.
Las reformas eliminaron el lenguaje y la visión sexista que contenían las normas, con lo que se orienta no solo una nueva conducta, sino también una cultura de respeto e igualdad entre mujeres y hombres, entre las propias mujeres y entre los propios hombres al dar cauce a sus legítimas demandas y aspiraciones.
Las reformas votadas reconocen derechos sociales, posibilitan su ejercicio y reivindican la libertad y la autonomía de los seres humanos.
La nueva norma jurídica consagra un proceso de lucha y conquista para el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de las comunidades lésbico-gay, travesti, transexual, transgénero, bisexual e intersexual e incorpora una visión humana a la seguridad social.
El Poder Legislativo cumplió con la Conferencia General de la UNESCO, con el Consenso de Quito de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; acató las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; dio vida y vigencia al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, demostrando así que el texto supremo no es letra muerta.
De cara al pueblo, haciendo frente a sus compromisos, con decisión de Estado y bajo los principios que rigen a quienes sirven aunare pública laica, resolvieron que no había motivo para postergar la actualización normativa con un lenguaje incluyente que abonara a la igualdad sustantiva. Y resolvieron también que, “…toda vez que el derecho internacional de los derechos humanos y el máximo tribunal constitucional del país, han reconocido que la relación homosexual tiene iguales características que la relación heterosexual, no se puede seguir negando el derecho a que el trabajador o la trabajadora homosexual pueda derivar una pensión de viudez a su pareja del mismo sexo o de cualquier otro beneficio derivado del régimen de seguridad social, toda vez que ese derecho se adquiere no por el sexo de los afiliados, sino por el hecho de pagar la cuota correspondiente al financiamiento de ese seguro, en forma directa por parte del trabajador o la trabajadora, según sea el caso”.
Andrés Manuel López Obrador es hombre de palabra. No tengo duda que gobernará con entrega total a la causa pública, dedicará todo su tiempo, imaginación y esfuerzo en recoger los sentimientos y a cumplir las demandas de ciudadanía.
Las reformas son solo un ejemplo de la congruencia que existe entre los hechos y el discurso para establecer el estado de bienestar y garantizar el derecho del pueblo a la salud, la educación y a la seguridad social.
Al Presidente de la República, no le tembló la voz el primero de diciembre y tampoco le temblará la voluntad. Él, hará a un lado la hipocresía neoliberal y el Estado se ocupará en disminuir las desigualdades sociales, porque “…todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices...”.