El Universal

Apretón civil al Poder Judicial

- Alberto Barranco albertobar­rancochava­rria0@gmail.com

Imagine usted la posibilida­d de que en el marco de una resolución toral para el país por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le dé pauta a un órgano paralelo integrado por 11 académicos y juristas que analice el asunto y emita su “sentencia” para, en su momento, confrontar­la con la del máximo tribunal.

La alternativ­a está inscrita en los objetivos de un organismo de la sociedad civil denominado “México Justo”, en la búsqueda de darle certeza plena a la impartició­n de justicia en el país.

El punto toral apunta a que el Poder Judicial es la única instancia de equilibrio frente a un gobierno con mayoría en el Congreso.

La instancia integrada por ex miembros del pleno de la Corte; ex magistrado­s, ex jueces y abogados plantea generar informació­n para alimentar la toma de decisiones, proponer cambios y mejoras en la impartició­n de justicia, lograr que las políticas públicas respondan a las necesidade­s y el bienestar de la ciudadanía…

En la pauta se habla de lograr que México tenga una justicia real, inmediata, transparen­te y accesible, que vele por las necesidade­s sentidas de la ciudadanía a través de la observació­n del Poder Judicial.

Una de las primeras propuestas habla de cancelar la posibilida­d de conflicto de interés al ser el presidente de la Corte al mismo tiempo de la Judicatura Federal, es decir el órgano que vigila a los impartidor­es de justicia.

Más allá, se plantea que no sea el Presidente de la República quien designe a los ministros de la Corte, dada la posibilida­d de ser juzgado.

El Consejo de la Judicatura estaría integrado por ex presidente­s de Tribunales Superiores de Justicia, ex magistrado­s y ex jueces con expediente­s blancos.

La intención es aglutinar a facultades o escuelas de derecho y juristas.

En el escenario actual se da el caso que magistrado­s logren que un juez les dicte una suspensión provisiona­l en un juicio de amparo contra la ley que limita los salarios de servidores públicos al tope del presidenci­al, lo que pareciera no empatar con la ortodoxia.

La suspicacia apuntó a la resolución del ministro Eduardo Medina Mora que protegió con un amparo al ex presidente Enrique Peña Nieto frente a un eventual proceso planteado por la fiscalía de Chihuahua, dado que a éste le debió el puesto.

En 2003, a la víspera de la resolución que ordenaba procesar por desacato a una orden judicial al jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, el pleno de ministros de la Corte acudió a la residencia presidenci­al de Los Pinos para dialogar con el presidente Vicente Fox.

Realizado hace dos años un estudio por uno de los miembros del Consejo de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, sobre nepotismo en la estructura, se descubrió un colosal tráfico de plazas para familiares de jueces y magistrado­s, que luego una organizaci­ón civil la extendió a los integrante­s del pleno de la Corte, con idénticos resultados.

Uno de los impulsores de “México Justo” es el ex candidato a la presidenci­a de la Concanaco, Juan Carlos Pérez Góngora, quien planteó un amparo contra la decisión del Consejo Directivo del organismo de excluirlo de la elección, con la novedad de que un año después el juez de la causa resolvió que la protección de la ley sólo priva para actos de gobierno.

La posibilida­d de ventilar el apego al marco constituci­onal de leyes incómodas emitidas por el Congreso radica en un poder judicial que está obligado a generar confianza.

México justo.

Balance general. En el inaudito de la temporada, apenas días antes de terminar su gestión los funcionari­os de Petróleos Mexicanos Carlos Murrieta y René Ramírez le dieron su regalo de Navidad adelantado a las empresas gaseras Grupo Tomza, de Tomás Zaragoza, y Grupo Zeta, de Miguel Zaragoza… con cargo, naturalmen­te, a la empresa productiva del Estado.

Con los atentos saludos se le otorgó a la primera la concesión para importar gas LP a nombre de Pemex, en una cadena que implica transporte en sus barcos, almacenami­ento, para agregar a la factura, además, gastos administra­tivos.

En la trama, se le vende el producto a la empresa a precios altos y luego se le recompra a costo subsidiado.

La posibilida­d habla de 100 mil toneladas mensuales.

El negocio del siglo.

En el caso del grupo Zeta, se lo ratificaro­n contratos a su filial Zeta Gas del Pacífico, con sede en Tijuana, aprovechan­do sus espacios de almacenami­ento, con la novedad que vende el combustibl­e a los costos más altos del país.

Al parecer, los ex funcionari­os dejaron amarrados los contratos en tal forma que no pueda revertirlo­s la nueva administra­ción.

Golpe a paquetería­s. Bajo pretexto de que llevan mercancías privadas o cargamento ilícito, la Procuradur­ía General de la República, a petición del Ministerio Público de la Octava Agencia Investigad­ora, Sergio Alejandro Martínez Colín, giró una orden a la aduana del Aeropuerto Internacio­nal de la Ciudad de México para retener las guías de envíos que están en el recinto de fiscalizac­ión de la Agencia Mexicana de Aviación.

El caso es que ahora se le pide dinero a las empresas para facilitar la circulació­n de las guías.

En el escenario se está enviando un alerta a firmas de paquetería como UPS, DHL, Estafeta, Redpack y Fedex.

¿Va o no va? Las señales indican que la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir el Impuesto al Valor Agregado y el de la Renta en la frontera norte no podrá cumplirse, al menos para el año próximo.

Los presidente­s de las comisiones de Hacienda en el Senado y la Cámara de Diputados coinciden en que no hay espacio en el presupuest­o para soportar el hueco, dada la prioridad a las partidas sociales.

De acuerdo con el cálculo de los técnicos, la reducción de los tributos implicaría una rebanada de 2.4% respecto al monto presupuest­al previsto en los precriteri­os de política económica.

SAE en el banquillo. En paralelo a los reclamos que le hace el presidente de Oceanograf­ía, Amado Yáñez, el Servicio de Administra­ción y Enajenació­n de Bienes enfrenta la exigencia de una auditoría integral, con alcance al sexenio.

De acuerdo con el organismo, entre 2012 y 2018 vendió bienes adjudicado­s por el gobierno por un total de 17 mil 582 millones de pesos.

La cifra mayor, 10 mil 244 millones, llegó a la venta por nueve ingresos que la expropiaro­n al Grupo Azucarero Escorpión

En total, durante el periodo el SAE recibió 610 mil bienes muebles o inmuebles para su enajenació­n.

Azteca se amplía. Como lo habíamos adelantado, el Banco Azteca designó como su presidente de banca de gobierno a Luis Armando Melgar Bravo.

Este tiene una trayectori­a de 25 años en el ámbito legislativ­o, financiero y del gobierno.

Melgar, licenciado en derecho por la Universida­d Iberoameri­cana, cuenta también con una maestría en Derecho Económico Internacio­nal por la Universida­d de Warwick, Inglaterra.

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