Crece tensión entre el Poder Judicial y AMLO
• Jueces y magistrados realizan protesta histórica en 25 entidades • Presidente: ofensivo, que ganen $600 mil; es falso, revira la Corte
El choque entre el Poder Judicial y el presidente Andrés Manuel López Obrador, derivado de la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones, que establece que ningún servidor público gane más que el titular del Ejecutivo, escaló ayer.
En un hecho histórico, jueces, magistrados e integrantes del Poder Judicial en todo el país se manifestaron en 30 de sus sedes ubicadas en 25 entidades contra los señalamientos de que ganan 600 mil pesos mensuales realizados por el Presidente de México y líderes de Morena.
Los juzgadores advirtieron que se busca facilitar una “intromisión indebida” por parte de los otros poderes de la Federación y destacaron que en una democracia fortalecida, “como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie. La independencia no es un manto de impunidad”.
En tanto, López Obrador criticó nuevamente los sueldos de funcionarios de alto nivel; aunque reconoció que están en su derecho de ampararse, dijo que la Cámara de Diputados, donde su partido es mayoría, tendrá la última palabra.
“Llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales. Eso es ofensivo (...) es una arbitrariedad. Son los mejor pagados del mundo”, expresó.
De inmediato la Corte dijo que es falso que alguien en el Poder Judicial gane ni remotamente esa cantidad.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González, opinó que las diferencias entre los poderes deben solucionarse con base en la Constitución.
La independencia no es un manto de impunidad, afirmaron jueces, magistrados y otros integrantes del Poder Judicial en todo el país, quienes durante un acto histórico se manifestaron en contra de las acusaciones públicas de las que han sido objeto las últimas semanas.
En 30 edificios sede del Poder Judicial en 25 entidades de la República, donde la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito tiene representación, los juzgadores salieron, por primera vez desde la reforma constitucional de 1994, a defender la independencia judicial y la división de poderes.
“En un auténtico régimen de división de Poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie.
“La independencia no es un manto de impunidad, es el derecho humano que cada mexicano tiene para que un juez federal lo defienda de los abusos de las autoridades. Porque no puede llamarse democrático un país en donde no haya contrapeso de Poderes”, afirmaron.
La convocatoria al evento fue emitida por la asociación, la cual pidió a los juzgadores dar lectura a un posicionamiento sobre la problemática social derivada del conflicto por la ley federal de remuneraciones y las iniciativas de Morena.
La invitación no sólo se limitó a jueces y magistrados, sino que también se agregó en el acto a los agremiados del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial; en total participaron mil 410 trabajadores.
El mensaje fue leído por los coordinadores de circuito, decanos o los titulares que los juzgadores eligieron para ello y en el caso de la Ciudad de México correspondió al magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la asociación, tomar la batuta del acto.
Los juzgadores acusaron que las iniciativas para reformar al Poder Judicial —que plantean la rotación constante y el sometimiento a controles de confianza— buscan facilitar una “intromisión indebida” en contra de la Judicatura por parte de los otros poderes de la Federación.
“Señalan cantidades excesivas, como que percibimos más de 600 mil pesos, [lo] que no corresponde ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, dijo.
“El componente salarial es sólo una de las variables que conforman la independencia judicial; sin embargo, el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido que incluyen rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género, y la designación de los consejeros de la Judicatura por parte del Senado, para controlar la administración y disciplina interna, se dirigen de manera frontal a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros poderes”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en campaña que ganaría 108 mil pesos mensuales y que los integrantes del PJF ganaban 600 mil pesos mensuales, razón por la que prometió reducir sus salarios.
El artículo 94 constitucional establece que los salarios de jueces, magistrados y ministros no pueden ser reducidos mientras duren en el encargo.
En el Poder Judicial, quienes ostentan los salarios más altos son los ministros de la Suprema Corte y los consejeros de la Judicatura con 269 mil 215 pesos mensuales, no 600 mil pesos.
La asociación emprendió una estrategia de litigio mediante la presentación de diversas demandas de amparo contra la ley federal de remuneraciones, que establece que nadie puede ganar más que el Presidente.
“Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ‘ejercicios modernizadores’, que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos; sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia, y vulnerar el Estado de derecho”.
A estas demandas se han sumado otros integrantes del Poder Judicial y de dependencias como Pemex, Comisión Federal de Competencia Económica, Procuraduría General de la República, IPN, Comisión Federal de Electricidad, Cisen, Instituto Nacional Electoral y el Servicio de Administración Tributaria.
Al corte de este lunes se sumaron mil 56 demandas que presentaron 4 mil 676 quejosos; de ellos, 354 son jueces; 386, magistrados; mil 579, secretarios; 353, actuarios; 872, oficiales, y 738 son externos.
El viernes pasado el ministro Alberto Pérez Dayán ordenó suspender la ley de remuneraciones. Ayer, un juez concedió una suspensión al consejero del INE, Benito Nacif, para que no se le aplique la reducción salarial prevista en esta norma.