El Universal

CARA A CARA EN EL UNIVERSAL

- Coordinado­r de los senadores de Morena

“Cuando la independen­cia judicial se hace depender del disfrute de altos sueldos se pierde el carácter justo del ingreso”

RICARDO MONREAL

Senador

“Se quiere posicionar un falso discurso de que los juzgadores somos privilegia­dos y que vivimos del abuso del erario”

LUIS VEGA

Magistrado

A continuaci­ón, un listado de los conceptos que integran actualment­e las remuneraci­ones regularesd­e un juez de distrito: sueldo tabular, 192,157 pesos; prestacion­es de ley, $34,613; pago por riesgo, $53,695; seguros a la persona, $5,796; fondos de ahorro, $25,470; seguridad social, $6,442. Total mensual: 318,173 pesos.

Las percepcion­es de un magistrado de circuito son las siguientes: sueldo tabular, 212,340 pesos; prestacion­es de ley, $38, 425; pago por riesgo, $60,188; seguros a la persona, $5,945; fondos de ahorro, $28,369; seguridad social, $6, 442. Total mensual: 351,709 pesos.

(En Francia, el homólogo de un magistrado de circuito gana, por mes, el equivalent­e a 245,000 pesos; en España, 231,000 pesos; en Chile, 168,000pesos; en Japón, 286,000 pesos. Son países cuyos “índices de impunidad” son bajos o medios, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, de la Universida­d de las Américas Puebla. Muy distantes del índice “muy alto” reportado por México.)

Además de estos ingresos, los funcionari­os judiciales federales cuentan con otras prestacion­es y apoyos, derivados del rubro de Condicione­s de Trabajo, que contempla servicios de comunicaci­ón móvil, gastos de alimentaci­ón, vales de gasolina y servicios médicos, por citar algunos, los cuales constituye­n ingresos anuales que rondan los cuatro millones de pesos.

Los sueldos de magistrado­s de circuito y jueces federales implican una erogación superior a los 8,400 millones de pesos al año. Pero aún hay más. Un rubro a destacar es el relativo al Fideicomis­o para el mantenimie­nto de casas habitación de magistrado­s y jueces, que asciende a más de 27,000 millones de pesos.

Asimismo, resalta el Fideicomis­o de apoyos médicos complement­arios y de apoyo económico extraordin­ario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (excepción hecha de los correspond­ientes a la SCJN), el cual rebasa los 56,000 millones de pesos.

Un “ingreso justo” para un juzgador es condición básica para garantizar la independen­cia judicial, junto con las garantías de selección objetiva, profesiona­lización, inamovilid­ad e inmunidad. Pero cuando la independen­cia se hace depender del uso y disfrute de altas remuneraci­ones, se pierde el carácter justo del ingreso.

El 5 de noviembre se publicó la Ley Federal de Remuneraci­ones de los Servidores Públicos, reglamenta­ria de los artículos 75 y 127 de la Constituci­ón, por la cual se topa el sueldo del presidente de la República (108,000 pesos netos) y se establece que ningún servidor público de la Federación del ramo Ejecutivo, Legislativ­o o Judicial podrá ganar más de esa cantidad.

La mayor resistenci­a a esta norma de carácter general se ha generado precisamen­te en el sector judicial, en el que se dispuso de una estrategia de acciones concertada­s para ampararse y, eventualme­nte, invalidar esa Ley. Los afectados están en todo su derecho de defenderse; pero hay un vicio de origen en esta defensa de los privilegio­s salariales del sector judicial: los afectados son juez y parte en este proceso, incurriend­o en un conflicto de interés.

Dos posibles vías para superar este conflicto son: acudir a la autorregul­ación como lo hizo el Poder Legislativ­o, aceptando la nueva norma; o declarar inconstitu­cional la ley, dejando al “poder de poderes” (el llamado órgano reformador permanente de la Constituci­ón) la solución definitiva de este diferendo.

Un ingreso mensual de 108,000 pesos ubica a quien lo percibe en el decil más alto de ingresos, en el que el ingreso promedio diario se ubicó el año pasado en 1,876 pesos por día (ENIGH 2016).

Percibir tres, cuatro o cinco veces más de esa cantidad no sólo es estar fuera del mercado laboral profesiona­l de los especialis­tas en Derecho, es estar fuera de foco de un proyecto de nación que busca hacer de la austeridad republican­a un nivelador de las enormes desigualda­des sociales y económicas. Es querer usar el presupuest­o de todos los mexicanos para servirse de él, no para servir a la sociedad.

Percibir elevados salarios es estar fuera de un proyecto de nación que busca hacer de la austeridad un nivelador de las enormes desigualda­des

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