Democracia, por encima de todos
La pugna que sostienen los Poderes de la Unión por la diferencia de criterios en torno a las remuneraciones de los servidores públicos se lleva a cabo en dos niveles: el político y el discursivo. En este proceso ha surgido un debate que debe ordenarse para comprender sin apasionamientos un fenómeno que es inédito en la historia reciente del país, del mismo modo que es necesario dimensionar las variables políticas que están en juego.
En la discusión destacan argumentos que cuestionan al Poder Judicial y los privilegios que supuestamente defienden para sí; se habla del papel del Ejecutivo y Legislativo en este proceso, y de su relación con el Judicial; además, se insisten en que esta coyuntura permite examinar el papel de un Poder que debe ser cuestionado, como el Judicial, y que se percibe lejano de las demandas ciudadanas. Finalmente, están los peligros de violencia que genera un debate público desorientado y que se basa en suposiciones.
Es fundamental destacar el papel del Poder Judicial en los últimos años, puesto que efectivamente funge como contrapeso de los otros Poderes. En sus manos han estado los análisis legales de algunas decisiones que tomadas desde las instituciones democráticas. Es evidente que los fallos no satisfacen siempre a los interesados, pero no queda duda de que el Judicial es un garante de la estabilidad democrática.
Del mismo modo, debe ponerse sobre la mesa los excesos en los que algunos de los integrantes del Poder Judicial han incurrido. Las instancias que lo conforman tienen obligaciones con la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que es indispensable indagar en ello. Sin embargo, estas falencias no deben servir para desacreditar su papel en el entramado institucional ni para cuestionar su autonomía.
La convivencia entre Poderes debe ser de respeto y diálogo: no hay otro camino para preservar y fortalecer nuestra democracia. La ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la tradicional comida con los ministros de la Corte, después del informe anual de la cabeza del Poder Judicial, es signo de la necesidad que tienen las instituciones de promover el diálogo. La diferencia de criterios no puede ser obstáculo para llegar a puntos de encuentro, porque es la estabilidad democrática lo que está en juego.
La estridencia del debate público y las posiciones políticas de los Poderes tienen que encontrar cauces de civilidad, democráticos, legales. Lo que presenciamos es una prueba para nuestra democracia, así que por el bien del país, los tres Poderes de la Unión tienen que superarla con visión de Estado. El interés público y el futuro común están por encima de todos.