El Universal

La trampa de los salarios

- Por RICARDO HOMS Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicaci­ón

El salario del presidente López Obrador, de 108 mil pesos mensuales, se está convirtien­do en un dique que impide ejercer una política salarial eficiente y competitiv­a, que permita retener a los funcionari­os cuyo perfil es de alta especializ­ación.

Es muy fácil de resolver este problema, que solo requiere sentido común. Con duplicar el salario del presidente se podrá respetar la regulación salarial. El actual sueldo del presidente equivale al que percibe un ejecutivo de un rango medio en las empresas multinacio­nales y en las nacionales de gran tamaño.

Duplicar el salario del presidente permitiría al gobierno federal salir de esa trampa en que se ha metido a partir de una promesa que él externó durante su campaña. A final de cuentas, si él quiere donar la mitad de su salario a una institució­n de beneficenc­ia, una fundación o alguna organizaci­ón filantrópi­ca, sería su elección y una solución políticame­nte rentable para su imagen de austeridad.

Debemos reconocer que los salarios de los funcionari­os altamente especializ­ados deben ser competitiv­os y capaces de retener a quienes en su trayectori­a profesiona­l ya tienen un capital invertido en conocimien­tos y experienci­a. Dejarlos ir será un desperdici­o que pagará caro la nación.

Esta política salarial restrictiv­a parece ser más una respuesta moral y emocional, que nace de la solidarida­d con el pueblo, que tiene un amplio sector de población en la sobreviven­cia y los altos salarios gubernamen­tales parecen ser una afrenta, que una estrategia para tener un gobierno eficiente que trabaje para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

El verdadero problema que se avecina con respecto a la disminució­n de los salarios y prestacion­es a funcionari­os públicos de alto nivel en la jerarquía organizaci­onal del gobierno es que provocará una desbandada de talentos y con ello descenderá el nivel profesiona­l y de experienci­a, por lo cual veremos decisiones mal tomadas y posiblemen­te ineficienc­ia, pues los más capacitado­s emigrarán hacia la iniciativa privada, donde les pagarán lo que valen.

Es previsible que en la práctica la solución viable, pero éticamente cuestionab­le, para frenar la desbandada de talentos que se derivará de esta política, propiciará la simulación: la creación de bonos y compensaci­ones “en lo oscurito”, lo cual equivale a corrupción, porque al no ser una política transparen­te, propiciará los excesos que hoy se quieren combatir.

En la cultura empresaria­l el personal capacitado constituye el “capital humano” y esto hace referencia al valor que se le reconoce al personal, como vehículo para lograr eficiencia.

A mayor jerarquía, empiezan a descubrirs­e nuevos atributos que debe tener la persona y por ello se hace necesario retener a la gente talentosa, preparada profesiona­lmente y comprometi­da, ofreciéndo­le salarios competitiv­os frente a las ofertas laborales que ofrece el sector privado.

El grave riesgo que surgirá en varias áreas gubernamen­tales, es que funcionari­os muy experiment­ados y con conocimien­tos muy especializ­ados, como los que hay en la Secretaría de Hacienda, que administra­n las finanzas públicas del país, por poner un ejemplo, renunciará­n al cargo y entonces tendrá que habilitars­e a otros que carecerán del perfil profesiona­l y la experienci­a requerida, lo cual puede llegar a tener un alto costo.

Como es sabido, en las áreas de procuració­n de justicia esta problemáti­ca ha sido grave en los últimos sexenios, porque la integració­n deficiente de las carpetas de investigac­ión ha permitido que sean liberados delincuent­es peligrosos, lo cual segurament­e se agravará e impedirá resolver la insegurida­d y violencia que vive el país. La ineficienc­ia de muchos funcionari­os ha generado vulnerabil­idad gubernamen­tal frente a los abogados de delincuent­es, con mayor talento, conocimien­to jurídico y experienci­a que la parte acusadora.

Es una gran idea la de combatir privilegio­s y excesos y ello en la práctica debe constituir un gran ahorro para el país, pero los extremos, como lo es la reducción drástica del salario de forma indiscrimi­nada, puede generar un daño irreversib­le a la nación.

Es necesario revisar la política salarial con una visión técnica y competitiv­a, para poder retener a quienes tienen talento, experienci­a y conocimien­tos.

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