¿Sensatez o política populista?
En noviembre de 2018, más personas intentaron cruzar la frontera México-Estados Unidos que cualquier mes en los últimos cinco años. Queda claro que a pesar de todos los esfuerzos de la administración de EU para disminuir los cruces fronterizos, éstos van en aumento.
Donald Trump ha apostado a que su retórica dura contra los migrantes y sus medidas para separar familias y limitar el acceso al asilo político van a disuadirlos de cruzar la frontera, pero la evidencia nos sugiere que esta estrategia está fracasando rotundamente. Es el peor de los escenarios: un clima de miedo para los migrantes sin que tenga ningún efecto en la práctica en los cruces fronterizos irregulares.
Si Trump ha echado tanto esfuerzo en cerrar la frontera, ¿por qué no lo puede hacer? Parte de la respuesta radica en la división real de poderes que existe en EU, con un Congreso renuente a darle dinero para más agentes fronterizos y mucho menos un muro en la frontera. También los tribunales han entrado al debate, echando abajo o por lo menos deteniendo gran parte de las iniciativas que ha intentado implementar en la frontera.
También es resultado de una estrategia fallida, una que ignora realidades políticas, legales y de contexto. La administración Trump ha querido cerrar los espacios para el asilo político a los centroamericanos que piden refugio de la violencia, además de separar familias y aumentar el número de menores en centros de detención. Toda la lógica de estos esfuerzos se basa en la idea de disuadir a los migrantes por medio del garrote y del miedo. Pero todas estas medidas han encontrado resistencia en los tribunales por contravenir las leyes existentes.
Quisieron negociar un “Acuerdo de País Tercero” con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que requeriría que los migrantes centroamericanos pidan asilo estando en México, y luego un acuerdo de “Quédate en México” con la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, para que los centroamericanos tengan que esperar en México mientras se procese su asilo en EU, quizás meses, quizás años. Ambos intentos ignoraron que el público mexicano vería cualquier acuerdo de esa naturaleza como una capitulación total del gobierno mexicano a Trump.
Hay otra forma de hacer las cosas, que sería mucho más efectiva y al mismo tiempo mucho más justa —y legal—. La administración podría intentar no limitar el proceso de asilo, sino agilizarlo. Tendría el efecto de dar asilo a los que están huyendo de la violencia de una forma mucho más rápida, al tiempo que los que no califican serían deportados mucho más rápido.
También se podría trabajar de cerca con el gobierno mexicano para robustecer el sistema de asilo mexicano, un programa de trabajadores temporales y un control fronterizo más moderno y respetuoso de los derechos humanos.
Pero todo esto requiere aceptar que en principio hay muchos centroamericanos que merecen el asilo político, que hay que crear canales legales para ellos, además de controlar las fronteras, algo que la administración Trump no ha querido hacer hasta ahora. Le reditúan a Trump políticamente las medidas duras con su base electoral, aun si no tienen efecto en los flujos migrantes.
Algo parecido hemos visto en el control migratorio interno. La administración Trump ha terminado el programa DACA que protegía a los soñadores y la protección temporal a los hondureños y salvadoreños que habían estado legalmente por décadas en el país, medidas que también siguen amparadas en los tribunales y han quedado, hasta ahora, sin efecto.
Ahora que el Congreso de EU queda dividido entre demócratas y republicanos a partir de enero, queda por verse si habrá intentos de negociar medidas más sensatas —y consensuadas— para hacer frente a los flujos migratorios. Todos son temas en los que hay acuerdos posibles que podrían ser más justos para los migrantes y más efectivos como control migratorio. Pero todo depende de si Trump quiere una política migratoria sensata o sólo un tema político que es popular con su base electoral.