No hay buenas noticias para la seguridad en el Presupuesto

Un presupuesto es algo más que números en una página: es la manifestación más clara de las prioridades y preferencias de un equipo gobernante. Dice más que mil discursos de campaña. Muestra más que todas las declaraciones, todos los boletines y todas las conferencias de prensa.

El sábado pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó su primer proyecto de presupuesto. Por ser año de transición, es menos revelador que otros ejercicios presupuestales: en buena medida, fue elaborado por el equipo saliente y aún carga con múltiples inercias del gobierno anterior. No obstante, provee algunas claves para entender al sexenio que inicia.

En lo referente al sector seguridad, va un primer intento por descifrarlas:

1. Es clara la preferencia por la Sedena. El proyecto contempla un incremento real de más de 11% en el presupuesto con respecto al monto autorizado para 2018. En cambio, se propone una disminución real de casi 9% en el presupuesto de la Secretaría de Marina, una caída de 12% para la PGR y una reducción similar para la Secretaría de Gobernación (la cual incorpora aun en sus números el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana).

2. No parece haber ninguna previsión presupuestal para la Guardia Nacional. Las erogaciones programadas para servicios personales en la Sedena aumentarían apenas 3.4% en términos reales. Eso no da para mucho reclutamiento emergente. Por otra parte, para el Programa de la Sedena en Apoyo a la Seguridad Publica (el cual incluye despliegue de unidades de policía militar), se contempla un presupuesto real apenas 4% mayor al de 2018. En consecuencia, si se aprueba la creación de la Guardia Nacional, se requerirán ampliaciones presupuestales de muy buen calado.

3. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nace golpeada. Se está proponiendo un recorte de 1600 millones de pesos a la Policía Federal, equivalente a una disminución presupuestal de 9% en términos reales. Por su parte, el sistema penitenciario federal podría recibir 400 millones de pesos menos que los programados para este año. Para el Cisen (llamado ahora CNI), se tiene proyectado una disminución presupuestal de más de 17% en términos reales.

4. Como sucede desde hace años, la PGR (pronto convertida en fiscalía supuestamente autónoma) no es prioridad de nadie. Su presupuesto va a ser, en términos reales, 12% inferior al monto programado para 2018. De hecho, en términos nominales, el presupuesto propuesto para la PGR en 2019 es similar al que se le otorgó en 2013. Eso implica una disminución real acumulada de casi 30%.

5. Las transferencias a estados no se modificarán mayormente. El Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP) tendrá una disminución marginal de 0.6% en términos reales. En cambio, la tijera va a llegar a los subsidios a municipios en materia de seguridad pública: en ese caso, se está proponiendo una disminución real de más de 20%.

6. El compromiso de la 4T con los derechos humanos es por ahora más retórico que real. La Comisión Nacional de Búsqueda, una institución clave para atender la crisis de los desaparecidos, va a tener aproximadamente el mismo presupuesto que en 2018. El proyecto incluye una disminución real de casi 8% al presupuesto asignado en 2018 a la Subprocuraduría de Derechos Humanos en la PGR. Para la Fiscalia Especializada de Busqueda de Personas Desaparecidas, se está proponiendo un recorte presupuestal de más de 35%.

En resumen, no hay ruptura con el pasado en el primer presupuesto de seguridad del nuevo sexenio: recursos adicionales para las fuerzas armadas, recortes para las policías, abandono de la procuración de justicia, migajas decrecientes para los derechos humanos. No es buena noticia.

Como sucede desde hace años, la Procuraduría de la República no es prioridad de nadie. Su presupuesto va a ser, en términos reales, 12% inferior al monto programado para 2018