Irene Levy
En suspenso sobrevivencia de los autónomos
El sábado finalmente se conoció el paquete presupuestario 2019 y lo que vemos que se propone para los organismos constitucionales autónomos es aquello que ellos mismos enviaron; es obligación de Hacienda replicarlo en el proyecto. Obviamente los organismos ya consideraron las medidas de austeridad y disminuyeron sus presupuestos apróximadamente un 15% en términos reales respecto del año anterior. Veamos.
Instituto Federal de Telecomunicaciones: tuvo un presupuesto en 2018 de 1,998 millones de pesos y en 2019 sería de 1,780 mdp. Su presidente ganaría 176 mil pesos mensuales.
Comisión Federal de Competencia Económica: su presupuesto en 2018 fue de 618 mdp y en 2019 sería de 582 mdp. Su presidenta ganaría 179 mil pesos al mes.
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (INAI): en 2018 le presupuestaron 1098 mdp y en 2019 disminuiría a 937 mdp. Su presidente ganaría lo mismo que todos los comisionados, 134 mil pesos mensuales.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) recorta de 1228 mdp que tenía en 2018, a 997 mdp para 2019, pero recordemos que se propone ya su desaparición. En el caso del Instituto Nacional Electoral, su presupuesto disminuye de forma importante -de 24 mil mdp a 16 mil mdp- porque el año pasado hubo elecciones y se requería considerablemente más recursos que ahora, sus consejeros ganarían 208 mil pesos igual que el titular de la CNDH. En el caso del Inegi, sus consejeros ganarían 118 mil pesos mensuales.
Pero no aún no hay nada definitivo. Y aunque son de naturaleza distinta, no deja de llamar la atención las diferencias en las remuneraciones de los titulares de los diferentes organismos autónomos. Nada está dicho. La última palabra la tiene la Cámara de Diputados. Ojalá se mantenga así.
El IFT y el participante incómodo. Ha dado mucho de qué hablar la inclusión de último momento de un participante a quien se le permitió hacer el examen para ocupar una plaza de comisionado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones que quedará vacante en febrero de 2019. Este participante había sido rechazado en la primera etapa por considerar que no contaba con la experiencia requerida. El concurso se lleva a cabo por un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Inegi, del Banco de México y del INEE y, aunque el proceso no es conocido precisamente por su transparecia y publicidad, sí sorprendió que el Comité “reconsiderara” una decisión por primera vez desde su conformación, el último párrafo del artículo 28 constitucional dispone que todos los actos del proceso de selección y designación de comisionados son inatacables.
La realidad es que se han cometido errores, incongruencias y probablemente deslices intencionales y varios participantes, desde la creación de este Comité en 2013, se han quedado fuera del proceso y se han inconformado y hasta impugnado vía amparo las “injusticias” del Comité, pero lo cierto es que en ningún momento habían modificado su decisión hasta hace unos días. Se han dado incluso casos en que un mismo participante es rechazado un año y al siguiente es admitido sin que nada haya cambiado en su perfil.
Total que esta semana el Comité deberá publicar la lista de los candidatos y candidatas con calificaciones aprobatorias más altas, misma que someterá al Presidente López Obrador, éste eligirá un nombre de la lista y lo enviará a ratificación del Senado. La lista puede contener de tres a cinco candidatos, pero si no hay al menos tres aprobados, se emitirá una nueva convocatoria.
Independientemente de quién sea el candidato incluido de último momento, no ayuda a la transparencia y confianza la falta de congruencia en el procedimiento. Si todos los actos son inatacables, ¿por qué sí aceptaron una inconformidad esta vez cuando nunca lo habían hecho? Lo mejor será que el Comité sea congruente con su actuar histórico o instaure un pequeño proceso de audiencia para corregir posibles errores, pero que sea para todos.