Diferendo con la Corte a instancias internacionales
Como usted sabe, mientras un artículo de la Carta Magna protege la integridad salarial de los ministros en funciones, otra señala que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.
El coctel, además, tiene un ingrediente adicional: el que en la búsqueda de la salida los ministros del máximo tribunal de justicia caen en conflicto de interés al ser juez y parte.
Bajo el marco, se prevé que a la hora de la verdad, es decir cuando el pleno deba resolver si se otorga en definitiva el amparo solicitado por legisladores priístas, panistas, perredistas y de Movimiento Ciudadano, se declare incompetente.
Así, el siguiente escalón podría ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Organización Internacional del Trabajo.
De hecho, se habla de que la propia Corte ya contrató un despacho internacional de abogados para plantear la querella.
El problema es que el escenario prolongaría por meses, quizá años, el diferendo con el evidente desgaste para las partes.
Si desde un ángulo la percepción habla de autoritarismo del Ejecutivo, desde otro se coloca en posición incómoda a los ministros, a quienes la percepción popular ubica como egoístas y abusivos.
Lo cierto es que el enfrentamiento no radica sólo en la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos.
En la baraja de alternativas de cambio se había planteado la desaparición del Consejo de la Judicatura, es decir la instancia que sanciona la actuación de jueces y magistrados.
La intención hablaba de crear una suerte de Oficialía Mayor para realizar las tareas.
Desde la sociedad civil se había creado ruido al plantearse la singularidad de que el organismo lo presida el presidente en turno de la Suprema Corte.
En la ruta están también las denuncias, planteadas originalmente desde la propia judicatura por el magistrado Felipe Borrego Estrada, de nepotismo al interior de juzgados y tribunales de alzada… que luego se extendería a la propia Corte.
El gran problema es que frente a un gobierno que mantiene mayoría en el Congreso, la única posibilidad de contrapeso es un Poder Judicial… con la suficiente autoridad moral.
Balance general. Insertada en los hechos, vía el proyecto económico, la promesa de no más impuestos colocada en campaña por el Ejecutivo, la posibilidad de mayor recaudación se centrará en el endurecimiento de la fiscalización.
La ruta habla desde la revisión en los regímenes especiales, hasta cerrar la puerta a la evasión y elusión, aunque del otro lado, simplificar la tramitología de cara a los causantes.
El país, con una recaudación equivalente al 14.2% del Producto Interno Bruto, se ubica en el último lugar de las naciones integradas a la OCDE.
Por si las dudas. En una acción inútil, dado el precepto constitucional que conculca derechos adquiridos, pero explicable por la campaña de golpeteo contra el nuevo gobierno, hete aquí que centenares de jubilados del Banco de México están tramitando amparos contra la posibilidad de que se le reduzcan sus percepciones.
Las solicitudes de protección de la justicia apuntan a la Secretaría de Hacienda.
La posibilidad de que le den cauce los jueces es nula, dado que no hay un acto de autoridad que haya vulnerado sus derechos.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado la opinión del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM frente al choque de preceptos constitucionales en la búsqueda de una salida jurídica al diferendo por remuneraciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, las señales apuntan a que el punto final podría venir del exterior