Secretos en el Presupuesto 2019 de la 4T

Un Presupuesto (PEF-2019) balanceado fue lo que envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados. Ahora, habrá que ver qué acaba votando la mayoría morenista. Se aprecia que no tendremos un gobierno proclive a hacer avanzar las nuevas tecnologías, ni la sociedad de la información, sino uno que prefiere gastar en proyectos muy tradicionales. Aquí varias muestras:

Publicidad oficial: a primera vista tendría un incremento de 40% con respecto al PEF de 2018, pero ya viendo los reportes trimestrales de gasto, el gobierno lopezobradorista sí está haciendo un recorte de 50% a lo que en 2018 se ha ejercido, pues este monto será superior a 9 mil millones de pesos y en el PEF-2019 el monto se reduce a 4 mil 119 millones.

Para su asignación, siguen vigentes los criterios de la Ley General de Comunicación Social Gubernamental, publicada en mayo del año pasado. Morena tiene impugnada esta ley ante la Suprema Corte, pero una vez que es gobierno, parece que no está en desacuerdo con la misma. Hay que señalar, además, que dicha ley sí impone criterios de eficiencia y transparencia para la asignación de recursos públicos a cualquier tipo de medio de comunicación.

Organismos autónomos dispares: la SHCP está respetando los presupuestos que enviaron los organismos autónomos, pero entre ellos hay diferencias notorias. Mientras un consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) ganará 148 mil pesos al mes, un comisionado de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) percibirá 144 mil, y un comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 141 mil. Así, dado su grado de especialización —que es reconocido desde la Constitución— todos ganarán más que los 108 mil pesos que se asignó el presidente.

Lo que llama la atención, mucho, en el presupuesto que envió la Cofece, es que sí les da a todos sus mandos directivos la cobertura salarial que les brinda la especialización técnica que señala la ley. Con ello, evita reducciones drásticas de salarios, desde comisionados hasta directores generales. En cambio, el IFT sólo dio protección salarial hasta titulares de Unidad, con lo que dejó a muchos funcionarios relevantes con salarios mermados. Parece injusta la diferencia.

Subsecretaría desfondada: un decremento muy relevante se llevará la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT. Tiene una disminución de 563 millones de pesos, 39% menos que en 2018. Llama la atención la pérdida de recursos cuando llevaría la coordinación de la Sociedad de la Información y, sobre todo, el nuevo modelo de prevención y estrategia de seguridad digital. Están así dejando sin recursos un área clave para la seguridad nacional: la ciberseguridad.

También, sorprende que el programa “Internet para Todos” apenas y recibirá 600 millones de pesos, lo que debe de servir sólo para mantener en funcionamiento los 100 mil sitios públicos existentes a la fecha.

Ingresos del sector telecom: se mantiene el impuesto especial de 3% a todos los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, destaca un incremento de 44% o 4 mil 668 millones por recaudación de derechos por uso de espectro, que al parecer vendrá de las prórrogas de concesiones que le tocaría pagar a Telefónica.

Medios públicos a la baja: todos los medios públicos tienen una ligera baja presupuestal: el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (2%); Notimex (3%); Canal 11 (4%), y el IMER (8.5%). Es cierto que todos tienen una cuantiosa nómina de personal administrativo, más que la que utilizan los medios privados, así que un ajuste es prudente. Pero la afectación que se plantea para el Canal 22, de la Secretaría de Cultura, parece severa (cae 34%), por lo que es probable que tenga que reducir sus propias producciones y comprar contenidos para ahorrar recursos. En tanto que el Canal 22 tiene una concesión comercial, debería poder buscar recursos con anunciantes privados, sin problema alguno, para mejorar sus finanzas.

El gran proyecto político-social: los programas que más recursos están recibiendo son aquellos que, si bien son socialmente responsables, también se va a acusar que tienen fines políticos: pensiones para adultos mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro. El primero tendrá 100 mil millones de pesos y el segundo 44 mil 300 millones. Habrá que ver que sean en realidad programas apartidistas y no clientelares, pero por el número de beneficiados, más sus familiares, millones de personas van a depender en su vida diaria de estos recursos consumibles.