Guardia Nacional: adiós al federalismo
La pregunta relevante ya no es dónde comenzó, sino dónde terminará la Cuarta Transformación; y no hay otro tema que nos diga más al respecto que la iniciativa presidencial para poner en marcha la todopoderosa Guardia Nacional.
Ni la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ni la austeridad en los sueldos de la burocracia, ni los superdelegados, ni el tren maya, ni toda la pejefobia o la amlofilia, juntos, son temas que vayan a dividir tanto al país como esta iniciativa que el día de hoy será discutida, y probablemente aprobada, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Se trata de una cirugía mayor a la Carta Magna —acaso sin comparación con ninguna otra desde 1917— porque quiebra la columna vertebral del federalismo mexicano, normaliza indefinidamente la presencia de las fuerzas militares en cualquier parte del territorio mexicano y deja en las manos exclusivas del presidente de la República, el control civil sobre este cuerpo bélico.
México no cuenta hoy con un verdadero federalismo fiscal, tampoco con un federalismo educativo, sanitario o en materia de infraestructura. Con Enrique Peña Nieto el país regresó a 1836, centralizando prácticamente todas las políticas relevantes.
Sin embargo, resta todavía un reducto federal: la seguridad. A pesar de la crisis de violencia que vive el país, y de la presencia militar que se ha desplegado desde 2006, nunca, hasta ahora, el Ejército ha operado dentro de una entidad federativa en contra de la voluntad de un gobernador o de un Congreso local.
Esto está a punto de cambiar: una vez que sea aprobada la reforma constitucional que dará vida a la nueva Guardia Nacional, los gobernadores y sus Congresos se volverán actores silentes de la política de seguridad.
No podrán oponerse para que las tropas militares tomen control de los caminos, las poblaciones o las ciudades de cualquier entidad federativa, a la hora que decida y cómo lo decida el presidente de México.
Todavía más, la reforma prevista al artículo 89 de la Constitución quiere que el presidente cuente con facultades plenas para ordenar, disponer y reglamentar a las policías de las entidades federativas, sin que medie opinión, acuerdo o permiso de las autoridades electas localmente.
Los gobernadores están a punto de volverse irrelevantes, de manera permanente, en lo que toca al uso de la fuerza. Serán prescindibles porque sin ese poder no hay gobernante que sobreviva.
Otro tema: el actual artículo 129 de la Constitución dice que las tropas del Ejército sólo podrán estacionarse dentro de instalaciones previstas por el gobierno, tales como los campos, los cuarteles, los depósitos, las fortalezas o las comandancias militares.
Sin embargo, la reforma quiere que los efectivos militares y navales adscritos a la Guardia Nacional queden exceptuados de este principio constitucional.
Es decir que los piquetes podrán acampar, pernoctar, recorrer, estacionarse o invadir, cualquier milímetro del territorio mexicano, sin necesidad de que la autoridad civil les ordene expresamente hacerlo.
Por último, hoy todavía está prohibido que el presidente de la República ordene a la Guardia Nacional estacionada en una entidad, cruzar la frontera hacia otra entidad —por ejemplo, de Michoacán a Guerrero— sin que el Senado (o la Comisión Permanente) lo autorice expresamente y el Ejecutivo fije ante la Legislatura a cuántos efectivos de ese cuerpo y con qué armamento se cruzarán los límites entre los estados de la República.
Pues la iniciativa elimina también este control fundamental del Congreso que ayudó a pacificar México en otros tiempos de nuestra historia. Derogando dos fracciones de los artículos 76 y 78, el presidente podrá movilizar a la Guardia Nacional por todo el país sin tener que rendirle cuenta alguna al Poder Legislativo.
En la política de seguridad, tal como sucedería con los poderes locales, también el poder Legislativo se volverá intrascendente.
ZOOM: Nadie niega que la crisis de la violencia experimentada en el país es de enormes proporciones. Estamos ante una circunstancia excepcional que merece medidas extraordinarias. El problema comienza cuando lo que se pretende es volver permanente lo extraordinario, al punto de normalizar principios antidemocráticos en el núcleo solar de nuestra Constitución.