Desmontar el negocio
Cuando se toma un poco de distancia de lo que está pasando todos los días en las calles con el desabasto de combustible, aparece un país con graves deformaciones y un Estado que no sólo ha sido capturado, sino que es saqueado cotidianamente en sus recursos. Ese es el problema de fondo del robo de combustible. Sin ninguna duda la recuperación del Estado pasa por desmontar este negocio criminal.
El escenario cotidiano: un plan del gobierno para terminar con el robo de gasolina; se abren y cierran ductos, se reparan y se vuelven a perforar; largas colas de automovilistas para cargar gasolina y estaciones cerradas; sectores empresariales denuncian pérdidas millonarias; hay malestar ciudadano, pero existe apoyo mayoritario a la estrategia; se reproduce una enorme cantidad de opiniones y juicios en los medios y en las redes sociales. Desde el 27 de diciembre, cuando se anunció el plan para combatir este delito gigantesco, se ha instalado en el país la primera crisis importante para el gobierno de AMLO. Los resultados dependerán de cómo siga la situación del desabasto y cuánto tiempo dure; también será muy importante la forma en la que se enfrente penalmente el delito para castigar a los culpables dentro y fuera de Pemex.
El combate al robo de combustible que enfrenta el nuevo gobierno es una complicada prueba sobre la viabilidad inmediata del país. A medida que se conoce cómo se agravó el delito, hasta llegar a niveles insoportables, se puede tener conciencia de los niveles de descomposición a los que ha llegado México. El robo a Pemex tiene una larga historia y no pasaba nada; la autoridad estaba completamente ausente porque era parte del negocio. Lo mismo sucedía con el famoso huachicol, en donde la noticia era cómo aumentaban las tomas clandestinas todos los días y no pasaba nada, no había responsables, ni castigo. Los reportajes se multiplicaban, la investigación periodística de Ana Lilia Pérez acumulaba libros (El cártel negro y Pemex RIP), pero no pasaba nada. Se sabe que el robo de combustible se hace desde los altos niveles, pasando por el personal profesional y el sindicalizado. ¿Por qué los gobiernos anteriores de Fox, Calderón, Peña Nieto voltearon hacia otro lado y dejaron que el delito creciera hasta representar 60 mil millones de pesos al año?
Esta crisis pone a prueba las capacidades del Estado en diversos niveles: para rescatar los bienes públicos de Pemex que han sido saqueados por el crimen, para establecer la frontera entre el Estado de derecho y la criminalidad y terminar con la colusión de intereses y la impunidad, para responder a las expectativas ciudadanas y cumplir con la oferta de combatir la corrupción. El negocio ilegal de combustible tejió una poderosa red desde dentro de Pemex que llega a distribuidores, dueños de gasolineras, y se ha reproducido por el crimen organizado. Un negocio multimillonario.
La decisión de combatir el robo y desmontar el negocio tiene un amplio consenso social, se aplaude y se apoya la decisión del gobierno, pero se critica la estrategia por el problema del desabasto, y por la deficiente información con la que se ha enfrentado la crisis de estos días. Sin justificar la estrategia, no he visto el planteamiento de un plan B para combatir el delito. Muchas preguntas siguen sin respuesta y no se sabe cuánto tiempo puede durar el desabasto, pero en caso de prolongarse varias semanas, ¿se puede afectar la distribución de alimentos y bienes de primera necesidad? Ya se anunció que hay 1,700 carpetas de investigación penal contra los responsables del delito. Se espera que toda la red de ladrones sea procesada, desde los más altos niveles hasta los más bajos, de adentro y de afuera, personal sindicalizado y de confianza. Ya vimos que ante la emergencia el líder del sindicato petrolero, Romero Deschamps, un día aplaude al presidente y al día siguiente busca un amparo.
Hasta ahora la crisis mantiene la confianza ciudadana en la estrategia del gobierno, un 63% le cree y un 73% prefiere acabar con el robo, aunque no haya gasolina por un tiempo (Reforma, 11/I/2019); un 89% está de acuerdo con el combate al huachicol (El Financiero, 14/I/2019). No hay margen para fracasar…