Cacería de huachicoleros
De acuerdo con una encuesta realizada por el diario El Financiero, 89% de los habitantes del país respalda la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el huachicoleo; según otra de ellas, realizada por Consulta Mitofsky, el porcentaje llega a 56%. El común denominador; sin embargo, se ubica en la esperanza de final feliz de la pesadilla.
Estamos hablando de cortar de tajo las mil cabezas de la hidra que florecieron en el reino de la impunidad de tres sexenios, paradójicamente con epicentro al interior de la empresa saqueada.
Por lo pronto, mientras el Servicio de Administración Tributaria ya detectó a 194 personas físicas y morales dedicadas a la distribución de combustible que omitieron tributos por 3 mil 217 millones de pesos, al no empatar el abasto de gasolinas por parte de Pemex con los litros de venta detectados en las bombas.
De hecho, están en proceso de congelación 200 cuentas, en adición a 15 bloqueadas y el descubrimiento de 24 relacionados.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, está por consignar al Ministerio Público Federal a cinco presuntos lavadores de dinero proveniente del saqueo a Pemex, en cuya lista se ubican tres empresarios, un ex alcalde y un ex diputado local.
La pesquisa apunta a operaciones por 10 mil millones de pesos, en un marco de apertura de cuentas en el exterior, compra de inmuebles a nombre de los involucrados y familiares, boletos de avión, joyas y obras de arte.
En la operación se han asegurado 4.5 millones de barriles, con mil 700 expedientes de investigación al calce.
El mayor índice de irregularidades se ubica en Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, Baja California, Jalisco, Puebla y Ciudad de México.
En el caso de Pemex hay tres funcionarios sujetos a investigación, en una maraña que alcanza desde subdirectores corporativos hasta directores de refinerías que vendían a trasmano supuestos excedentes que según ellos podrían evaporarse.
En la emergencia se utilizarán mil policías que hacían funciones de guardaespaldas de políticos y empresarios.
En el río revuelto se culpa al actual gobierno de haber frenado las importaciones de combustible desde un ángulo, y desde otro se reclama el mantener decenas de barcos varados en puertos con gasolinas enviadas del exterior.
Por lo pronto, ya se firmó un pacto con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga para participar en la distribución.
La poda de la corrupción.
Balance general. En el marco de reclamos de supuestos adeudos, Oceanografía le está solicitando al Instituto Mexicano del Seguro Social la devolución de 3 millones de dólares, que según ello se cubrieron ante la presión de la Procuraduría General de la República por posibles adeudos pendientes.
Sin embargo, en el Concurso Mercantil que libró la contratista de Pemex se reconoce un adeudo a favor de la instancia de seguridad social por mil 341 millones de 346 mil pesos.
La firma de Amado Yáñez, en paralelo, le debe al Infonavit mil 34 millones 346 mil pesos.
¿Y el acero? Ante el ya largo paréntesis de cara a la promesa de negociar con Estados Unidos la desaparición del impuesto global a las exportaciones de acero, tras concluir la negociación del Acuerdo Mercantil con ese país y Canadá, las firmas siderúrgicas locales amenazan con realizar recortes de personal.
Tanto Altos Hornos de México, como Tenaris-Tamsa, Deacero, ArcelorMittal y Ternium canalizan 76% de sus exportaciones a Estados Unidos y Canadá.
En varias ocasiones la Cámara Nacional de la Industrial del Hierro y del Acero se ha reunido con funcionarios de la Secretaría de Economía para solicitar que se realice una presión espejo, es decir, que a su vez el país castigue a las exportaciones de acero de Estados Unidos con el mismo arancel de 25%.
El anterior titular, Ildefonso Guajardo, bateó durante meses la posibilidad.