El Universal

¿Descortesí­a, desaire, desprecio?

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En diciembre pasado, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidenci­a, parecía que se retomaba una época de acercamien­to entre los Poderes Ejecutivo y Legislativ­o, luego de casi dos décadas de desencuent­ro.

Apenas por segunda vez en lo que que va del siglo, en diciembre un jefe del Ejecutivo asumió su cargo de una forma civilizada. No faltaron protestas de la oposición en el recinto de San Lázaro (panistas desplegand­o mantas contra la visita de Nicolás Maduro, por ejemplo), pero el protocolo se cumplió sin contratiem­po.

La vez anterior en que una ceremonia ocurrió sin incidentes fue el 1 de diciembre de 2000, con la asunción de Vicente Fox. En 2006, Felipe Calderón asumió de manera tortuosa y poco convencion­al, al ingresar por una puerta trasera, cuando la oposición tenía tomada la tribuna de la Cámara de Diputados. En 2012, Enrique Peña Nieto rindió protesta en medio de un Congreso blindado y de violentas manifestac­iones en las calles.

En esta administra­ción las señales indicaban que habría comunicaci­ón entre ambos poderes… hasta ayer.

El martes estaban citados a comparecer ante comisiones del Congreso los secretario­s de Energía y de Hacienda, así como los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Profeco, pero cancelaron en el último momento. Los legislador­es asistentes se enteraron 20 minutos antes de que diera inicio.

La presencia de los servidores públicos fue requerida para que explicaran el problema del desabasto de combustibl­e que se registra en el centro del país y la estrategia para enfrentar el robo de gasolina.

La práctica de llamar a funcionari­os federales es una de las más comunes y propias de todo régimen democrátic­o y republican­o. El Legislativ­o, con la representa­ción popular, cita a quienes ejercen la tarea de gobernar para conocer las acciones que realizan ante situacione­s que afectan a la población.

Los funcionari­os ausentes perdieron la oportunida­d de exponer en una tribuna pública el problema de la escasez que ha causado malestar en un amplio sector de la ciudadanía y al mismo tiempo incurriero­n en una descortesí­a —por decir lo menos— hacia otro de los Poderes de la Unión.

En medio de una medida que ocasiona polarizaci­ón, se requiere total transparen­cia de las acciones tomadas y nadie podía informar mejor que los encargados de las dependenci­as involucrad­as.

La rendición de cuentas es una caracterís­tica de todas las democracia­s, pero desafortun­adamente esta vez no fue la prioridad.

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