José González Morfín
El trabajo del Poder Legislativo forma parte sustancial de los mecanismos de pesos y contrapesos que caracterizan a los regímenes democráticos. Estos son días clave para el Poder Legislativo y para México. El día de hoy inicia un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, durante el cual la Cámara de Diputados se habrá de ocupar de uno de los temas más trascendentes de la agenda de la nueva administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, la reforma constitucional con la que formaliza la Guardia Nacional, que se encargará de atender uno de los asuntos más urgentes y más sentidos de la población: combatir la inseguridad y la violencia que se ha generado con el crecimiento exponencial de las organizaciones criminales; por su parte, el Senado tomará la decisión sobre quién será el nuevo Fiscal General de la República.
Como lo hemos venido viendo desde el pasado primero de diciembre —incluso desde antes—, el nuevo gobierno concentra todo el poder en la figura del Presidente de la República. Una figura muy fuerte que no nada más gobierna, sino que está presente desde las primeras horas del día de todos los días; que domina todos los espacios de opinión pública y todos los temas de la agenda, aprovechando a plenitud todo el poder que le dieron los votantes en la elección de julio pasado. Poder que por cierto ninguno de sus antecesores había tenido antes en la historia del país. Por ello resulta tan relevante que los otros poderes no sean también dominados por el Presidente.
Me quiero referir hoy al papel que creo debe jugar el Poder Legislativo, consciente y esperanzado en que el Poder Judicial está y seguirá haciendo lo propio.
La transición democrática en México introdujo una creciente dosis de pluralismo en el Poder Legislativo. Todas las fuerzas políticas, en mayor o menor grado, ocuparon espacios en el Congreso mexicano. Progresivamente fueron desapareciendo; primero la mayoría calificada y después, también la mayoría absoluta. La primera en 1988 y la segunda en 1997. Hasta agosto del año pasado, la pluralidad en la toma de decisiones se fue haciendo costumbre y se volvió indispensable. Nos acostumbramos a que prácticamente en la totalidad de los asuntos, el partido gobernante estaba obligado a buscar el consenso multipartidista o por lo menos el acuerdo con otras fuerzas políticas.
Pues bien, aunque resulta paradójico, ese proceso de pulverización de la capacidad de tomar decisiones trajo consigo una progresiva revitalización del Congreso mexicano que dejó de desempeñar el papel meramente decorativo que le tenía reservado el viejo régimen para convertirse en punto neurálgico del quehacer político y auténtico epicentro de la política nacional. La pluralidad política devolvió a la función parlamentaria la relevancia que le corresponde en un régimen democrático.
A diferencia de los regímenes autoritarios, la democracia se caracteriza por una pluralidad de centros de decisión. La voluntad del Estado es el resultado de la concurrencia de un conjunto de sujetos. Frente a este hecho, el Congreso federal, como auténtica representación política de la nación, es el instrumento para garantizar que el ejercicio de las funciones estatales tenga como referente inexcusable los intereses de las personas, o dicho de otra manera, para asegurar que la acción del Estado tenga como puntos de partida y de llegada las propias demandas sociales.
En esta etapa de la nación, será fundamental contar con un Poder Legislativo que limite los excesos que se pueden dar desde el Ejecutivo. Debe de ser el espacio donde se procesen los acuerdos que soporten las transformaciones que seguramente se habrán de dar. Será corresponsable de la buena o mala marcha de la República y esa cor responsabilidad implica colaboración pero no sumisión. En el equilibrio entre ambos componentes radica la virtud de la democracia.