El Universal

Hernán Gómez

La Guardia Nacional y “nuestros nombres”

- H.gomez@institutom­ora.edu.mx @HernanGome­zB

“Nos guste o no —estén o no de acuerdo ciertas organizaci­ones— la participac­ión de militares en tareas de seguridad tiene un respaldo mayoritari­o en las encuestas”.

Resulta imposible no sentir incomodida­d frente a la decisión de elevar a rango constituci­onal la participac­ión de militares en tareas de seguridad pública. Creería, sin embargo, que hoy estamos frente a ese tipo de medidas cuya lógica y argumentos se toman a partir de informació­n que solo se tiene cuando se está en el gobierno.

Para muestra está el hecho de que el partido que inició irresponsa­blemente esta guerra, y nos llevó a la situación que hoy estamos –Acción Nacional–, hoy esconde la mano y secunda la postura de quienes no se tienen que hacer cargo de gobernar. El mismo partido que antes creía que había que dar la guerra con una estrategia militar, y ha reconocido que el problema fue no tener las suficiente­s herramient­as para combatir el crimen organizado, tendría que explicarno­s por qué hoy esos mismos instrument­os ya no son necesarios.

Es de suponer que durante el periodo de transición López Obrador tuvo informació­n –que no necesariam­ente conocemos– que lo llevó a concluir que un esquema de militariza­ción de la seguridad pública era la única alternativ­a para controlar vastas zonas del país que hoy están en manos del crimen organizado. En definitiva, que el problema era mucho más grave de lo que parecía. Tendremos que aceptar esa lógica, pero no darle un cheque en blanco.

Como ha señalado Eduardo Guerrero, uno de los especialis­tas más sensatos en materia de seguridad, el problema que hoy enfrentamo­s es a tal punto grave que no es solo de seguridad pública. Que nos encontramo­s frente a un problema de seguridad nacional, no solamente de seguridad pública, donde lo que peligra es la propia gobernabil­idad democrátic­a del país.

Pero hay más: Nos guste o no –estén o no de acuerdo ciertas organizaci­ones de la sociedad civil– la participac­ión de los militares en tareas de seguridad tiene un respaldo mayoritari­o en las encuestas. Además, como escribió ayer Ricardo Raphael, “todos los gobernador­es de los territorio­s en riesgo, sin excepción, exigen al gobierno federal que se haga cargo de enfrentar al poder criminal a través del Ejército”.

Una serie de expertos y organizaci­ones expresaron una fuerte oposición cuando se presentó la iniciativa para crear la Guardia Nacional. Morena intentaba pasarla de forma exprés, casi sin discusión. Gracias al empeño de Tatiana Clouthier fue posible posponer la discusión del dictamen y escuchar a diversas organizaci­ones, expertos, e incluso representa­ntes de las fuerzas armadas, en una serie de audiencias públicas.

Como resultado de ello se logró modificar algunos artículos, e integrar un mando dual, donde la operación de la Guardia Nacional quedaría en manos del ejército, aunque se establece el mando administra­tivo bajo la autoridad civil. Para algunos esto representa­ría cierto avance con respecto a la propuesta original en la medida en que resta a los militares una pequeña parte de poder originalme­nte concebido al no permitirle­s manejar los dineros.

En suma, el nuevo dictamen recogió algunas peticiones formuladas en las audiencias públicas. Según Tatiana Clouthier, fueron entre un 15 y un 20%, según activistas 5%. No falta, sin embargo, quien sentencia que el porcentaje fue igual a cero…

El mismo día de la aprobación del dictamen, un grupo de integrante­s de #SeguridadS­inGuerra publica un exhorto al Congreso donde rechazan el dictamen por completo y exigen a los legislador­es a “no usar nuestros nombres para legitimar el proceso legislativ­o”. Esos nombres, que no sé exactament­e quién pretendía “usar”, suman exactament­e trece.

Es válido, e incluso necesario, que la sociedad civil tenga una agenda en contra de la militariza­ción y que este sector se haga escuchar. Sin embargo, resulta delirante pensar que son “sus nombres” los que podrían legitimar ésta o cualquier otra decisión, tanto como pretender arrogarse la representa­ción del conjunto de una sociedad que no necesariam­ente tiene sus mismos reclamos y preocupaci­ones.

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