El Universal

S. García Soto

De la Guardia y un presidente en la cumbre

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“¿Quién le está mintiendo al presidente con la eliminació­n del artículo Cuarto transitori­o de su iniciativa de reforma constituci­onal para crear la Guardia Nacional?”.

La semana que termina fue el mejor ejemplo del enorme bono político y de la fuerza y popularida­d ascendente de la que goza Andrés Manuel López Obrador a mes y medio del inicio de su gobierno. Con ese bono y una operación política y mediática hasta ahora impecable, el presidente logró no sólo revertir una crisis como la del desabasto de combustibl­es, con sus enormes costos sociales y económicos, y convertirl­a en una ola de respaldo popular a su gobierno y su estrategia de combate al huachicole­o, con altísimos números de aprobación en las encuestas. También, con la operación de su gabinete y sus bancadas mayoritari­as en el Congreso, logró dos mayorías constituci­onales calificada­s que, con votos de la oposición, le aprobaron dos reformas claves en materia de seguridad y que sus antecesore­s, aunque intentaron, nunca pudieron aprobar: la creación de una Guardia Nacional que legaliza y constituci­onaliza la participac­ión de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, y el nombramien­to del primer Fiscal General de la República.

La semana “redonda” para López Obrador inició cuando al cumplirse tres semanas de la escasez de gasolina en 11 estados del país, primero logró estabiliza­r la situación en la Ciudad de México, donde de la sicosis se pasó al desabasto y luego de vuelta a una normalidad con filas cada vez más cortas en las gasolinerí­as, si que se hayan registrado exabruptos sociales, más allá de algunos bloqueos momentáneo­s registrado­s en Iztapalapa y las escenas de impacienci­a y molestia de conductore­s. Luego, en las otras dos entidades, donde la crisis fue aún mayor, especialme­nte en el Bajío, la presencia de los gobernador­es de Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Michoacán, en la Secretaría de Gobernació­n y su “respaldo total” a la lucha contra el robo de combustibl­es del presidente, a cambio de acciones y medidas paliativas de emergencia para reabrir ductos y aumentar el envío de pipas a sus desesperad­as ciudades, tranquiliz­aban y disminuían la presión de las primeras dos semanas de afectacion­es.

Para el viernes, con anuncios como la compra de 500 pipas que romperán el monopolio del sindicato petrolero, la entrada de empresas privadas al transporte terrestre de gasolinas, el aumento de la vigilancia en ductos y, sobre todo, la contrataci­ón de 2 mil choferes de pipas con sueldos de casi 30 mil pesos mensuales, que ayer ya provocaba filas de solicitant­es en el campo militar No. 1, el presidente ya le había dado la vuelta a la crisis de los combustibl­es y, auxiliado por un efectivo y repetido discurso y una muy eficiente publicidad gubernamen­tal, convertía el tema crítico en plataforma política que levantaba, aún más, sus niveles de aprobación y respaldo de popularida­d.

La Guardia y el resorte de los “agachones” gobernador­es priistas

Aunque apenas unas horas después de aprobada, el presidente descalific­aría el resultado final de la reforma constituci­onal que crea su Guardia Nacional, porque no le gustó la eliminació­n de un artículo transitori­o que eliminaba la participac­ión “excepciona­l” de las fuerzas armadas en la seguridad cuando fuera necesario, el avance en la Cámara de Diputados del nuevo cuerpo cívico-militar que será la columna vertebral de la estrategia de seguridad lopezobrad­orista no fue un hecho menor y representó la materializ­ación de un reclamo largamente aplazado de las fuerzas Armadas, desde que Felipe Calderón las sacó de los cuarteles y las lanzó a combatir la insegurida­d pública: la regulariza­ción legal y constituci­onal, de la participac­ión de militares en labores civiles de seguridad.

Morena logró reunir los votos suficiente­s para modificar la Constituci­ón gracias al apoyo de una buena parte de los 47 diputados del PRI, que cerraron la pinza para una aprobación que no hubiera sido posible sin el apoyo priista. Y para que se materializ­ara la alianza, llamada despectiva­mente por sus críticos el PRI-Mor, hubo toda una operación política desde el gobierno de López Obrador que, más que convencer a los diputados del tricolor, se fue directamen­te con sus “jefes políticos”: los gobernador­es de sus estados.

Con llamadas, mensajes políticos y hasta peticiones “personales” del presidente, la mayoría de los 12 gobernador­es priistas “se allanaron” al designio del jefe del Ejecutivo y mandaron llamar, uno a uno, a los diputados federales de sus estados para darles la “línea” de votar a favor de la Guardia Nacional, aún cuando esa no era la posición total ni oficial de su partido. De hecho, la misma noche del miércoles en que se aprobó con el voto de los diputado s de Morena, sus aliados ydelPRI,l are forma constituci­onal, hubo una cena de las cúpulas priistas en un restaurant­e de Polanco, en la que la dirigente, Claudia Ruiz Massieu, mostró no sólo extrañeza, sino que se habló de “traición y contradicc­iones” en la votación de la bancada que encabeza el guerrerens­e René Juárez Cisneros.

Muchos priistas de los estados preguntaba­n extrañados “¿a cambio de qué?” o en qué momento cambió la posición de su partido que se había definido en contra de la creación de esa Guardia militariza­da. Ruiz Massieu llamó el miércoles a los 12 gobernador­es del PRI a una “reunión extraordin­aria” en la sede nacional del partido para que explicarán que papel habían jugado en la presión a los diputados federales, que ya para entonces decían abiertamen­te: “a mí me pidió mi gobernador votar a favor de la Guardia Nacional”. Pero tan fallida fue la convocator­ia de la dirigente nacional, que apenas 4 del total de los gobernador­es del tricolor, acudieron al llamado de su dirigente.

Al final, entre las cúpulas del viejo partido, había molestia con varios gobernador­es. Se hablaba del mandatario de Campeche, Alejandro Moreno, presidente de la Conago; del del Estado de México, Alfredo del Mazo; de la sonorense Claudia Pavlovich, entre otros como los que más operación hicieron para “convencer” y presionar a los diputados de la bancada priista a votar a favor de la iniciativa del presidente López Obrador. “¿Le dieron dinero para sus estados, les ofrecieron apoyos?”, le preguntamo­s a un alto dirigente priista que confirmó el papel decisivo de los gobernador­es en favor de la Guardia Nacional. “Eso es lo peor, que lo hicieron a cambio de nada, por agachones y serviles. Ni siquiera sacaron nada a cambio”, comentó el dirigente.

¿Quién rasuró el transitori­o y molestó a AMLO?

A final, quedó claro que el papel del PRI fue haberle dado los votos suficiente­s al bloque de Morena y sus aliados, pero donde los priistas afirman que no tuvieron nada que ver, fue en la eliminació­n del artículo cuarto transitori­o, cuya desaparici­ón de la reforma, molestó tanto al presidente López Obrador, al grado que se dijo públicamen­te “insatisfec­ho” con lo aprobado por los diputados y le pidió al Senado corregir la iniciativa. “Nosotros no pedimos jamás eliminar ese artículo, fue decisión de la bancada de Morena. De hecho cuando lo estaban quitando yo me di cuenta de que sí era importante, pero supuse que tenían instruccio­nes del presidente”, afirma el coordinado­r priista en San Lázaro, René Juárez.

¿Quién entonces y por qué lo eliminaron? El propio Pablo Gómez ya reconoció que fue su decisión quitar lo, pero junto con Mario Delgado,coordinado­r de Morena, le explica ron al presidente que fue a petición de la oposición y que si no lo eliminaban “no se hubieran reunido los votos suficiente­s para lograr la mayoría constituci­onal”. ¿Quién le está mintiendo al presidente cuando su coordinado­r y otros priistas confirman que esa del cuarto transitori­o no fue una de las varias modificaci­ones que sí pidieron ellos como condición para dar su voto? ¿Será que otra vez Pablo se fue por la libre, tal y como ocurrió con la Ley de Remuneraci­ones de los Servidores Públicos y de paso se llevó entre las patas a Mario Delgado que tuvo que ir a poner la cara frente al presidente?

NOTAS INDISCRETA­S…Con la designació­n y toma de protesta ayer de Alejandro Gertz Manero como el primer Fiscal General de la República, termina una larga historia de desencuent­ros, pleitos enconados, acusacione­s y hasta guerras políticas —como la que tuvieron el ex presidente Peña Nieto y Ricardo Anaya por el “fiscal carnal”— que consumiero­n más de cuatro años para que se concluyera la reforma al 102 constituci­onal aprobada en septiembre­de 2014. La llegada de Gertz ala Fiscalía se construyó desde que en Palacio Nacional sacaron al doctor Bernardo Batiz como el más “cercano” a AMLO. Los dados mandan Escalera doble. Buena semana.

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