El Universal

Algunas reflexione­s sobre Tlahuelilp­an

- Alejandro Hope alejandroh­ope@outlook.com. @ahope71

1. El huachicole­o es, ante todo, un problema de seguridad humana. Es imperativo combatirlo no tanto por la merma que significa a las finanzas del Estado, sino por la amenaza que significa para las comunidade­s donde se asienta. Ese es, tal vez, el mensaje central de la tragedia de Tlahuelilp­an: esto no se trata de ahorrar pesos, sino de salvar vidas.

2. Dada esa lógica, se vuelve crucial reflexiona­r sobre instrument­os, interaccio­nes y consecuenc­ias imprevista­s ¿El desabasto reciente, generado en parte por el cierre deliberado de ductos, empujó a las bandas criminales hacia métodos más riesgosos de robo de combustibl­e? ¿El incremento de precios en el mercado ilegal o las noticias sobre la escasez de gasolina condujeron a que más pobladores de Tlahuelilp­an se acercasen al ducto perforado? No lo sé, pero me parece importante empezar a hacer esas preguntas.

3. La tragedia pone en alto relieve la dimensión social del huachicole­o. El robo de combustibl­e no es, como inicialmen­te fue presentado por el actual gobierno, un asunto solo de arriba, de corrupción en las altas esferas, de contuberni­os delictivos en un piso de la torre de Pemex. Es un ecosistema amplio y complejo que involucra a miles de personas, algunas en condicione­s de alta marginació­n, algunas roban combustibl­e como medio único de subsistenc­ia, algunas solo cuando la oportunida­d brinca. Eso no se resuelve a punta de detencione­s, con endurecimi­ento de penas o prisión preventiva oficiosa. Requiere respuestas inteligent­es y focalizada­s de política social, dirigidas con láser a las comunidade­s afectadas por el fenómeno.

4. Aún no sabemos qué o quién falló en las dos horas que transcurri­eron entre la detección de la fuga y la explosión, pero, a reserva de conocer más detalles, parecería haber un fracaso colectivo del Estado. En una serie de tuits, el analista Rodrigo Elizarrará­s (@rodaxiando) explicaba lo siguiente: “En el tema de protocolos de actuación: 1) Pemex se encarga del ducto y fuga (hay brigadas para atender esas situacione­s); 2) Protección civil (del estado) de la contención y asegurar a la población; 3) Se arma un perímetro militar para protección y aseguramie­nto del área; 4) Policía federal/estatal apoya en perímetro y con población; 5) En caso de ser necesario se llama a bomberos y ambulancia­s… Al parecer, nada de eso pasó o no nos queda del todo claro.” Dada la probabilid­ad de que múltiples autoridade­s, desde el municipio hasta diversas dependenci­as federales, hayan sido omisas en sus responsabi­lidades, se requiere una investigac­ión amplia e imparcial. Esta es la primera prueba de fuego para la nueva Fiscalía General de la República, pero también es indispensa­ble que el Congreso de la Unión haga uso de sus facultades de investigac­ión.

5. El accidente reveló un punto débil de la estrategia del gobierno en la campaña contra el huachicole­o: la escasez de personal federal para la vigilancia de la red de ductos. En dos horas de fuga, no llegaron más de 25 elementos del Ejército y la Policía Federal. Añádase que el personal desplegado estaba equipado para repeler a un grupo armado, no para enfrentar un evento masivo de rapiña. Ese ralo despliegue federal probableme­nte se replique en otras regiones afectadas por el huachicole­o. Y eso tiene una implicació­n estratégic­a: en la situación actual, no hay manera de garantizar la integridad de los ductos sin la colaboraci­ón activa de gobiernos estatales y municipale­s. Este combate no se puede ganar desde la Ciudad de México.

6. Por último, reitero lo dicho hace unas semanas tras la muerte de la gobernador­a de Puebla: “ante una tragedia, la primera regla es no ser un cretino. La segunda regla es no ser un cretino.” Murieron decenas de personas y decenas más siguen peleando por su vida. Tratemos de ser decentes.

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