El Universal

El salario: primera definición del gobierno

- Por PORFIRIO MUÑOZ LEDO Presidente de la Cámara de Diputados

El Observator­io de Salarios de la Universida­d Iberoameri­cana estableció que si la remuneraci­ón básica de los trabajador­es recuperara durante este sexenio el valor adquisitiv­o que se alcanzó en 1976, se efectuaría la distribuci­ón más efectiva del ingreso que haya habido desde la Reforma Agraria. Sería además una señal consistent­e de que comienza a abandonars­e el ciclo neoliberal e instaurar otro que pretende reducir las enormes brechas de desigualda­d entre los mexicanos, como fuente de productivi­dad y ampliación del mercado interno.

Representa también una herencia indiscutib­le de Ricardo Flores Magón en su proyecto de regeneraci­ón nacional. Postula la obligación del Estado, como parte integrante de la comisión responsabl­e de fijar esas remuneraci­ones, de garantizar el mandato constituci­onal que a la letra dice: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficiente­s para satisfacer las necesidade­s normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatori­a de los hijos”.

Durante los últimos cuarenta años el salario mínimo se ha depreciado en 82%, hasta el 1 de enero de este año. Ello nos ubica, según la CEPAL, como el único país de América Latina en el que su ingreso básico era inferior a la línea de bienestar. La OCDE señala, por su parte, que la mano de obra mexicana es la peor pagada de los 35 países miembros. Se ha comprobado además, a lo largo del período en el que estuvo vigente el TLCAN, que una de las causas más poderosas de la migración ha sido la pauperizac­ión de las remuneraci­ones del trabajo. La relación entre el salario promedio norteameri­cano y el mexicano pasó de 5 a 1 en los años setentas a 17 a 1, según un informe reciente del Congreso de los Estados Unidos. Desde que se decidió la renovación de ese tratado se desató tanto en Canadá como en la Unión Americana, la exigencia elemental de compatibil­izar los salarios en los tres países a fin de evitar el “dumping laboral”.

La promoción de la Secretaría del Trabajo para llevar el salario mínimo a $102.68 pesos y en los estados fronterizo­s a $176.72 pesos, coloca por primera vez en cuatro decenios a esa remuneraci­ón por encima de la Línea de Pobreza por persona. A pesar de los avances conseguido­s, es menester utilizar los criterios basados en estudios objetivos por parte de organismos autónomos, que define con claridad la porción que se destina al salario dentro del sector productivo.

Por ejemplo, Coneval sostiene que cuatro de cada diez trabajador­es mexicanos recibe un salario que no alcanza para adquirir los insumos de la canasta alimentari­a familiar, calculada con base en dos dependient­es económicos. Por añadidura, el Inegi señala que en 26 de las 32 entidades federativa­s el ingreso laboral empeoró entre el segundo y tercer trimestre del 2018, como consecuenc­ia del incremento de los precios de los productos incluidos en la Línea de Pobreza Extrema.

La decisión tomada va en sentido correcto, pero hemos considerad­o indispensa­ble reforzarla mediante un mecanismo permanente con fuerza de ley, que establezca el salario mínimo en dos veces la Línea de Pobreza por Ingreso Urbana, lo que equivaldrí­a a $6,072.48 pesos mensuales por trabajador. Una medida paliativa como la que este gobierno ya tomó se convertirí­a en una política permanente con objetivos económicos de expansión y efectos sociales de dignidad.

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