Juez suspende extradición de exgobernador interino
• Jorge Juan Torres López es requerido por EU por posible lavado y fraude
El pasado 12 de febrero el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva al exgobernador interino de Coahuila, el priista Jorge Juan Torres López, con lo que frena de momento su extradición a Estados Unidos.
El exmandatario, quien sustituyó en el cargo a Humberto Moreira Valdés, es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario, presuntamente cometidos en 2008.
Tras ser detenido, Torres López interpuso un juicio de amparo contra el proceso de extradición que se sigue en su contra, acusando incomunicación, tortura y malos tratos.
Se encuentra encarcelado en el Reclusorio Sur, en donde fue ingresado luego de ser detenido el 5 de febrero por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) en un lujoso centro comercial de Puerto Vallarta, Jalisco.
En 2013, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos en contra de Torres López y del exsecretario de Finanzas de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández, por lavado de dinero que presuntamente asciende a más de 2 millones de dólares cada uno.
Según las autoridades, el priísta abrió diversas cuentas bancarias en Texas para triangular dichos fondos públicos a las Bermudas, considerado un paraíso fiscal.
“Hubo varias transferencias grandes de dinero entre las cuentas bancarias en Estados Unidos de Torres López y Villarreal Hernández” CORTE FEDERAL DEL DISTRITO SUR DE TEXAS
“Hubo varias transferencias grandes de dinero entre las cuentas bancarias en Estados Unidos de Torres López y Villarreal Hernández”, acusó la Corte Federal del Distrito Sur de Texas.
El imputado contaba con una ficha roja, emitida por Interpol, por lo cual era buscado en 194 países, además de que se encontraba en la lista de los más buscados por la oficina de Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
De ser hallado culpable, el exmandatario podría alcanzar una pena de 20 años de prisión por lavado y hasta 30 años por fraude bancario.