La Constitución en la mira

Llevamos más de dos décadas discutiendo la actualización de la Constitución. Ningún actor o grupo de actores con voluntad y poder de rehacer la Carta Magna o hacer una nueva se ha hecho presente hasta ahora. Pero la necesidad de actualización ha prevalecido al grado de que se le han practicado un sinnúmero de reformas que la hacen prácticamente intransitable. Las propuestas de cambio van desde un reordenamiento hasta un Congreso Constituyente. El pasado 5 de febrero, aniversario de la Constitución de 1917, el presidente hizo un guiño a esta posibilidad: “Cuando entreguemos nosotros la estafeta para las nuevas generaciones, ¿por qué no convocar a un nuevo Constituyente y elaborar una cuarta Constitución? porque los que son maestros en este tema (guiño adicional a los expertos), hablan de que ya son demasiadas las reformas”.

El presidente ha declarado que no buscará reformas mayores al principio de su gobierno, sólo las necesarias para cumplir con prioridades urgentes. No obstante, la posibilidad constituyente está al alcance. La bancada de Morena no cuenta con los dos tercios necesarios para hacer por sí sola reformas o adiciones a la Constitución, pero bastan unos cuantos legisladores de otras bancadas para conseguir esa mayoría calificada. Sea como sea, la pregunta principal es qué carta de navegación sería deseable para el futuro y si los deseos son realistas. De la memoria de más de varios decenios de observar las conversaciones y pleitos en torno a la Constitución puede sacarse en claro un puñado de prioridades. El mascarón de proa de la nave política ya está inscrito en el Capítulo primero; son los derechos humanos incorporados en 2011. Sin duda habría que perfeccionar su descripción y, sobre todo, el mandato y procedimientos básicos de su cumplimiento a todas las autoridades del país. Los derechos humanos prolongan, amplían y consuman los “derechos liberales”. Además de estos, los individuales, cívicos y políticos, comprenden los económicos, sociales, culturales y ambientales, a los que se unen los laborales ya presentes en la Constitución. En estos derechos tomados en conjunto, están las reservas de energía y realización más potentes de las personas y del Estado, si los toma en serio. Esos son los derechos que abarcan lo que se ha concebido como la “esfera de lo no decidible” (Ferrajoli), lo que ninguna mayoría o poder puede menoscabar, so pena de colocarse en contra de lo que es propiamente constitucional. Es la innovación política más trascendente de la segunda mitad del siglo XX y fundamento del constitucionalismo del siglo XXI.

En la sala de máquinas de la nave estatal deben perfeccionarse la definición y separación de poderes, y la distribución de facultades y concurrencias de niveles de gobierno. Los motores requieren mantenimiento y reemplazo en muchas de sus partes. Si algo hay que colmó la paciencia de los ciudadanos es el descontrol del poder en todas las instancias de gobierno. Se requieren nuevas distribuciones de responsabilidades, en particular debería tomarse en serio la reforma del omnímodo Poder Ejecutivo en favor de todo el arco de poderes; del Congreso y la procuración e impartición de justicia muy en particular, pero también de los estados, de mayor poder y eficacia de las legislaturas y judicaturas ante los gobernadores, y mayores capacidades a los municipios. En la corriente inversa, la de abajo hacia arriba, el sistema de gobierno requiere una potente inyección de participación ciudadana continua a través de nuevas formas de exigencia, participación y toma de decisiones en los asuntos vitales de la convivencia territorial, de ahí que deban establecerse formas innovadoras de consulta y participación en los asuntos públicos. La combinación inteligente de las irrenunciables formas republicanas: gobierno representativo, democrático, laico y federal con innovaciones democráticas (subrayo democráticas) de participación e iniciativa directa pueden colocar a nuestro país en la vanguardia constitucional, como lo fue a principios del siglo pasado en algunos renglones, más no en el democrático, que le fue cercenado por los abuelos del PRI en 1933. Ni un paso atrás en democracia constitucional. Esperemos que existan las fuerzas que lo puedan defender. Por eso la convocatoria al debate y modificación de la Constitución, si la hay, deberá ser plural e incluyente. La elección democrática de un líder fuerte y carismático no se traduce Deus ex machina en un Estado democrático.