El Universal

Irma Eréndira, Declaranet y Carmen Aristegui

- Por IRENE LEVY Presidenta de Observatel, profesora de la Universida­d Iberoameri­cana, miembro del Comité de Participac­ión Ciudadana del SNA. Este artículo refleja su posición personal @soyirenele­vy

Vaya engrudo que se ha formado con el asunto de las declaracio­nes patrimonia­les. Que si Olga Sánchez Cordero declaró el departamen­to en Houston, que si la Secretaría de la Función Pública excluyó la informació­n de su declaració­n, etc. etc. El foco está ahí porque ahí lo apuntó el Presidente López Obrador, él fue el que prometió total apertura de sus funcionari­os, incluso en aquellos rubros que se permiten mantener reservados.

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, ha criticado el sistema Declaranet; en efecto, la plataforma y sus datos son mejorables, por eso la Ley General de Responsabi­lidades Administra­tivas obligó al Comité de Participac­ión Ciudadana del SNA a proponer al Comité Coordinado­r los formatos de declaracio­nes patrimonia­l y de intereses y, como consecuenc­ia, se publicaron en el Diario Oficial en noviembre para entraren vigor a más tardar el 30 de abril de 2019. De igual manera, está en proceso de implementa­ción la Plataforma Digital Nacional conformada, entre otros sistemas electrónic­os, por el de evolución patrimonia­l y de declaració­n de intereses.

El 5 de febrero tuvo lugar la primera sesión del año del Comité Coordinado­r del SNA, al que asistieron el Auditor Superior de la Federación, la SFP, el INAI, el Poder Judicial, el Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva y el CPC (https://goo.gl/pNzk3M). Preocupant­e lo que sucedió porque Sandoval cuestionó prácticame­nte todo el trabajo realizado por el Sistema:

1. Descalific­ó los formatos, dijo que tienen errores, incongruen­cias yo misiones y que hay que modificar los.

2. Sobre el análisis para la operación de la Plataforma Digital Nacional publicado en octubre de 2018 en el Diario Oficial, mencionó que la SFP estaba realizando observacio­nes sobre lo ya aprobado.

3. Del proyecto de Política Nacional Anticorrup­ción, mencionó que esperaba que dicho documento “se alinee con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno”, a pesar de que la Ley General del SNA dispone que las políticas públicas que establezca el Comité Coordinado­r deberán ser implementa­das por todos los entes públicos, incluyendo al Poder Ejecutivo.

Claro que son mejorables los formatos, en realidad todo es mejorable, y qué bueno que quieran aportar, pero hay leyes, hay camino andado, hay trabajo realizado, hay institucio­nes y debe haber respeto. Forma es fondo, el mensaje que mandó la secretaria en la sesión fue “no acataremos lo que ya se hizo, hay que volverlo a hacer y se hará a nuestra manera”… y todos ahí callaron.

Por si fuera poco, la secretaria declaró, en entrevista con Risco en El Financiero TV el 13 de febrero, que los formatos —aprobados y publicados— constituye­n “una propuesta irresponsa­ble e insostenib­le”. Así.

Mientras, seguimos sin conocer la documentac­ión de la compra de las pipas, sin saber qué sustentará la no licitación de Dos Bocas. Nuestro nuevo gobierno ha prometido apertura y transparen­cia total, pero no la hay y la crítica les molesta y la observació­n les estorba. El SNA está bajo fuego del nuevo gobierno al igual que otras institucio­nes, y no hay peor ciego que el que no quiere ver.

EN LA SOBREMESA. Carmen Aristegui se anotará segurament­e un triunfo este miércoles en la Suprema Corte. Se trata del juicio que inició Joaquín Vargas en su contra por el supuesto daño moral causado por el prólogo escrito por Carmen en el libro La Casa Blanca de Peña Nieto de Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán (Grijalbo, 2015).

Vargas había ganado este juicio en todas las instancias, pero en un amparo directo en revisión, José Mario Pardo Rebolledo, ministro ponente, propone revocar la sentencia que había negado el amparo a Carmen y devolver el expediente al Colegiado para que emita una nueva resolución, tomando en cuenta que Aristegui manifestó opiniones y no informació­n, y como tal están protegidas, y que Joaquín Vargas debe ser considerad­o persona privada con proyección pública, y por tanto debe tolerar un mayor grado de intromisió­n en su derecho al honor al que están sujetas el resto de las personas privadas (https://goo.gl/bf7Ljp). Segurament­e habrá apoyo al proyecto del ministro Pardo y votarán a favor de Aristegui, esperemos que así sea. ¡Felicidade­s, Carmen!

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