Salvador García Soto
“El dinero federal está detenido hasta que Hacienda considere que es momento de liberarlo”.
Todo el dinamismo y la velocidad que le mete el presidente Andrés Manuel López Obrador a su gobierno, con anuncios espectaculares sobre los programas sociales, con apoyos para jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad, con giras continuas por la geografía de la República y con un discurso prolijo y efectista que tiene su mejor foro en las conferencias mañaneras, se topa con la pared de hielo que en estos momentos tiene congelado el presupuesto para todos los programas, acciones y obras de gobierno: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El presidente puede prometer, un día sí y otro también que habrá recursos para tal o cual programa, que se comenzará a construir de inmediato una carretera o una universidad, o incluso que se pagarán adeudos o compromisos del gobierno, pero cuando la solicitud llega a Hacienda, regularmente a la oficina de la poderosa Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, la respuesta es siempre la misma: “Eso tiene que verlo y autorizarlo primero el secretario Carlos Urzúa”. Y en la mayoría de los casos, las autorizaciones no fluyen, a ya casi tres meses de la administración, por la misma razón que le repiten a dependencias federales, gobiernos estatales, particulares con adeudos del gobierno, proveedores y organismos autónomos: no hay recursos disponibles en este momento.
Esa es la realidad, en este momento de la mayoría de los programas sociales y de bienestar que ha anunciado el presidente y que son parte fundamental de su estrategia de gobierno y de la llamada Cuarta Transformación, que se encuentran detenidos, en algunos casos ya con estructuras armadas y listas para empezar a operar, pero sin los recursos necesarios para contratar personal y echar a andar la maquinaria que se encargará de llevar los beneficios sociales que son la columna vertebral del gobierno lopezobradorista.
Aunque nadie duda que en este gobierno el poder político del presidente es total; en los hechos, el poder económico sigue residiendo en la Secretaría de Hacienda. Su titular, Carlos Urzúa, sigue teniendo la misma fuerza y el mismo poder de sus antecesores, y ya hay quienes lo comparan con algunos de sus antecesores como Luis Videgaray Caso o Francisco Gil Díaz, que ejercieron con mano dura el poderío del manejo presupuestal y económico, mientras le dejaban al presidente todo el manejo político.
Pero más allá de las comparaciones, Urzúa y su equipo han hecho milagros para estirar la sábana del presupuesto y dar cobertura a los programas sociales de la 4T, siempre para cumplir los designios del presidente, aunque la realidad es que los recursos en este momento no alcanzan y no están fluyendo con la misma rapidez con la que se mueve y anuncia López Obrador. Y aunque puede entenderse que es, hasta cierto punto normal en cualquier arranque de gobierno, la lentitud del flujo del presupuesto en el primer trimestre y, en algunos casos hasta en el primer año, el problema es que esta administración ofreció que haría las cosas diferentes y que con los ahorros y ganancias, producto de la austeridad del gobierno y el combate a la corrupción, habría dinero disponible para que al menos los programas sociales emblemáticos empezaran a fluir y a caminar con celeridad.
Hoy la queja es la misma en el IMSS que en la Secretaría de Bienestar o en los gobiernos de los estados: las partidas presupuestales no están fluyendo y el dinero federal está detenido. ¿Hasta cuándo se liberarán los recursos? Hasta que los cálculos y las decisiones de Hacienda consideren que es momento, y muchos creen que eso ocurrirá hasta el segundo trimestre del año, por ahí del mes de junio, cuando vienen las elecciones locales, pero más entre julio y agosto cuando se espera que empiecen a caminar los programas sociales de la 4T. Hasta entonces, el discurso constante y efectivo seguirá sosteniendo la popularidad del presidente, que avanza mucho más rápido que su administración y que su gabinete.