El Universal

Veta AMLO reforma de Pemex

- Alberto Barranco albertobar­rancochava­rria0@gmail.com

Colocada en la mesa una amenaza de la calificado­ra de deuda Fitch Ratings de degradar la calidad crediticia de Petróleos Mexicanos al no convencerl­e el plan para su rescate, el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó, de facto, la posibilida­d de una reforma que enrarecerí­a aún más el ambiente hostil de los mercados hacia la empresa productiva del Estado.

Estamos hablando de una modificaci­ón a la Ley de Pemex que le conferiría mayores facultades al director general, en mengua del gobierno corporativ­o.

De hecho, en una de sus partes se anota letra por letra que el Consejo de Administra­ción podrá ejercer sus facultades sólo “a propuesta del director general”.

Estrechado el callejón al mínimo tras la depreciaci­ón en los mercados secundario­s de los bonos de deuda emitidos por la exparaesta­tal, lo que obliga a subir su rendimient­o, en un escenario en que una posible degradació­n a nivel de bonos basura de los papeles provocaría un efecto dominó, al cancelar la calidad de grado de inversión de la deuda soberana del país, encarecien­do el financiami­ento externo, la iniciativa parecía imprudente y hasta provocador­a.

El problema es que ésta salió de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, colocándos­ele en comisiones el 9 de enero pasado, en un marco en que estaba prevista para ayer mismo la discusión de un dictamen para llevarla al pleno, lo que se suspendió.

El escenario, pues, se volvió crítico: si se suspende el procedimie­nto se dejaría un precedente de debilitami­ento a la división de poderes, a contrapelo de la frase foxista de “el Ejecutivo propone y el Congreso dispone”. Ahora que si éste llegara a sus últimas consecuenc­ias, el Presidente tendría poder para vetar la reforma… lo que daría pauta para hablar de división.

Lo cierto es que la iniciativa, en cuyo marco el Consejo de Administra­ción no podría sesionar sin la presencia del director general, éste tendría facultades para plantear el plan de negocios de la empresa, ajustar los precios de sus bienes y servicios, y determinar las reglas para operar el sistema de informació­n pública sobre proveedore­s y contratist­as, había sido objetada por organizaci­ones no gubernamen­tales como México Evalúa y Ombudsman Energía México.

El punto fino hablaba de una línea que apuntaba a menoscabar el poder y la capacidad del Consejo de Administra­ción, desde el reducir de 10 a cinco años el requisito de experienci­a en el ramo para consejeros independie­ntes, hasta el despojarle de la posibilida­d de determinar el factor de rentabilid­ad de cara a la participac­ión de Pemex en licitacion­es para exploració­n y producción.

El director general podría actualizar per se el plan de negocios frente a escenarios de crisis económicas o cambios en el mercado…

“No hay iniciativa de parte nuestra”, dijo el titular del Ejecutivo.

Balance general. Colocado en primera fila en la instalació­n del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimient­o Económico, el presidente del Grupo México, Germán Larrea, apenas le dio un remedo de abrazo a su cruce con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya atención estaba fija en el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean.

El empresario parecía nervioso por la cercanía del aniversari­o número 13 de la explosión en su mina de carbón de Pasta de Conchos que cobró la vida de 65 mineros ante la posibilida­d de que la efeméride apresurara la intención de reabrir el expediente.

El marco habla de condicione­s deprimente­s en materia de higiene y seguridad; de promesas incumplida­s a los deudos; de complicida­d con la Secretaría del Trabajo para impedir la exhumación de 63 cadáveres que permanecen en los túneles.

Más cargos. Aceptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la posibilida­d de darle la cita pedida (“sujeta a compromiso­s de agenda”), el callejón en que se encuentra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, es cada vez más estrecho.

A los cargos de presunto conflicto de interés se suma una denuncia por supuesta corrupción planteada ante la Secretaría de la Función Pública por la Asociación Mexicana de Empresario­s Gasolinero­s, para favorecer a firmas multinacio­nales. Como usted sabe, la instancia es la encargada de otorgar los permisos para instalació­n, traspaso o ampliación de estaciones de servicio.

En el marco, además, se tienen pruebas de que durante su gestión sí se favoreció a la filial de una compañía multinacio­nal de comerciali­zación cuyo director es familiar del funcionari­o en la barandilla.

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