Ciudad de México, ¿quién manda aquí?

La capital de la República —en algún tiempo la región más transparente del aire—, solía ser un lugar privilegiado: su clima templado, sus museos y exposiciones magníficas, su actividad cultural. No obstante —como está ocurriendo en muchas otras ciudades del país—, la hemos ido perdiendo.

Si en algún momento pensamos que una ciudad iluminada, viva, vibrante, con miles de restaurantes y bares, galerías y comercios; con sólidos programas sociales, cámaras de vigilancia y más de 80 mil policías profesionales garantizaba la seguridad, hoy sabemos que no.

Como en todo el país, la corrupción pasó de ser un hábito casi inofensivo, una costumbre que “humanizaba” las relaciones sociales, a convertirse en un cáncer con metástasis letales. La “mordida” al agente de tránsito devino el “moche” para que la autoridad se hiciera de la vista gorda y tolerara la piratería, el narcomenudeo, los asaltos en las estaciones del Metro... y creció la delincuencia. A través de la compra o la intimidación a los policías, los hampones se convirtieron en los dueños de los barrios.

Lo que heredó la administración de Miguel Ángel Mancera fue un lamentable vacío de autoridad. Lo mismo muchos policías de a pie, que agentes del Ministerio Público y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia han optado por llenarse los bolsillos con dinero sucio, en vez de hacer lo que les corresponde. Las redes de corrupción y complicidad en los gobiernos delegacionales, hoy municipales, son horizontales y verticales —transversales, incluso—; casi todos le entran. Al compañero que no participa en el negocio, lo observan como potencial delator; para evitarlo, pueden llegar a asesinarlo.

Hoy, la barbarie impera en anchas franjas de la ciudad, lo mismo en el Centro Histórico que en Tláhuac o Iztapalapa (sacudida por las siete ejecuciones de hace unos días) e, incluso, en colonias como La Condesa, en las que se da ocupación ilegal de casas y edificios, como los que invadió la Asamblea de Barrios en la avenida Benjamín Hill y Altata, que utilizaban para el acopio y la distribución de droga y que se convirtió en “cabeza de playa” para la imposición de miedo a los vecinos, las extorsiones a los negocios establecidos, el robo de autopartes y los asaltos a transeúntes, fechorías que solo se explican por la complicidad de las autoridades y de la policía.

El desorden urbano es mayúsculo: en distintas zonas de la ciudad —el llamado “Nuevo Polanco” es un caso extremo—, se levantan torres y más torres sin considerar las más elementales condiciones para la convivencia: parques y jardines, vías para la circulación de vehículos, bicicletas y peatones. Las calles en muchas colonias parecen zonas de guerra y cabe preguntarse: ¿a dónde van nuestros impuestos —el predial, por ejemplo—, que se ha incrementado fuertemente en los últimos años y a dónde van los ingresos del programa de parquímetros y las odiosas “arañas”?

Con una tenacidad digna de mejores causas, se levanta y se cubre el pavimento una y otra vez para meter cables para la alimentación eléctrica, la iluminación, el drenaje, la fibra óptica, el agua potable, el gas natural y la telefonía. Y una pregunta se impone: ¿no hay instancias de coordinación metropolitana que permitan planear la obras que realizarán en la ciudad distintas empresas o dependencias de manera de evitar que se destrocen los pavimentos para introducir ductos y se cierren para poco después volver a abrirlos por otras tareas?

Negocios muy acreditados, algunos con medio siglo de existencia, han tenido que cerrar porque no han resistido el impacto de obras que duran ¡más de un año!, como ha ocurrido en la Zona Rosa de la colonia Juárez, debido a la asombrosa ineptitud de los responsables de las obras y de la autoridad local.

La changarrización es una realidad en las colonias centrales, invadidas de puestos insalubres en las banquetas.

Aunque lleguen funcionarios honestos a posiciones clave, quienes operan son empleados públicos en posiciones secundarias, los verdaderos dueños de las dependencias, como ocurre con los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, allí es donde se negocia la justicia. Y mientras esto sucede, millones de mexicanos honestos y esforzados viven con miedo.

Hace falta autoridad. La ciudad que recibió Claudia Sheimbaum es un desastre, pero aún tiene remedio. La jefa de Gobierno ha integrado un equipo de calidad y experiencia, la tarea por delante es enorme y está sembrada de obstáculos, pero están obligados a dar resultados. No podemos aceptar que sigamos perdiendo nuestra ciudad.