Maltrato a policías, costumbre de gobiernos
El maltrato a la policía parece ser una costumbre que trasciende gobiernos y partidos. Si algunos países han demostrado que se puede vivir sin fuerzas armadas, ninguno ha podido subsistir sin un aparato de seguridad y justicia. Por ello, la crítica al desempeño de las autoridades en esta materia debe acompañarse del entendimiento de la problemática y las soluciones.
¿Por qué nuestras autoridades parecen incapaces de abatir la incidencia delictiva y mejorar el acceso a la justicia? Porque el aparato institucional no está diseñado para atender el problema, no hemos destinado los recursos suficientes y la política de seguridad está sujeta a los intereses políticos de los gobernantes.
Esto nos debe llevar a un plan de acción que distinga lo ideal de lo posible y, que contemple los recursos necesarios y suficientes para atender el problema. En nuestro país se hace exactamente lo opuesto: Se diagnostica según la conveniencia y se deja de escuchar a expertos; los recursos destinados son pocos y mal usados, absolutamente insuficientes para atender el problema; no se evalúa objetivamente por lo que no sabemos qué sí y qué no funciona; cada gobernante parte del principio de que las políticas e instituciones que recibió eran un desastre y por ello destruye antes de consolidar.
De esta manera, policías, peritos, ministerios públicos son un número por mucho, inferior a lo que necesitamos. Les pagamos poco y les pedimos que trabajen muchas horas, los equipamos mal, los capacitamos mal, y en su tiempo libre no los supervisamos, no sancionamos malas conductas, no premiamos a los buenos servidores, no definimos perfiles sobre la base de necesidades, no les explicamos qué esperamos y, por ende, no pueden autoevaluarse objetivamente, los instruimos a que acaten procesos y protocolos que son incumplibles.
Dicho de otra manera, simulamos que vamos a resolver un problema sin que le hayamos destinado lo necesario, usamos a los servidores públicos como carne de cañón y quienes pagan las consecuencias son las decenas de miles de víctimas que mes a mes sufren la debilidad de Estado.
Ante la crisis que vive el país, debemos exigir que cese la simulación, que definamos un camino —sin sesgos políticos— para recuperar la paz, que destinemos los recursos necesarios y comencemos a tratar con dignidad y respeto a los cuerpos de seguridad y justicia, que es lo opuesto que este gobierno ha decidido hacer.
Carece de estrategia, recortó un 10% comparado con el año anterior, los recursos totales destinados a la seguridad, y humilla con dichos y hechos a los policías de este país.
Si no hubiese sido suficiente que el Presidente haya denostado por meses a la Policía Federal, permitido su desarticulación, reducido salarios, prestaciones y omitido entregar viáticos, ahora el titular del Instituto Nacional de Migración critica a los policías que exhibieron las condiciones infrahumanas en las que fueron enviados a Chiapas para atender la crisis migratoria.
Francisco Garduño, titular del INM, en vez de solucionar la situación en la que viven los policías, los criticó y adornó la crítica con mentiras. Le propongo que intercambie por un mes el salario, prestaciones, horarios, condiciones laborales, peligrosidad laboral, con uno de esos policías que él llamó fifís.
El gobierno recibió una crisis de seguridad sin precedentes, las acciones han empeorado lo que pensábamos que no podía empeorar. Sin rumbo, recortando dinero, falseando indicadores, disculpándose con mentiras y maltratando a los policías están logrando que las promesas de campaña no se cumplan y que este sexenio rebase a los anteriores en materia de violencia.