El Universal

Emergencia forense

- Por ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ Subsecreta­rio de Derechos Humanos, Población y Migración

Uno de los efectos lacerantes del desastre que representó la llamada “guerra contra la delincuenc­ia organizada” emprendida por Felipe Calderón, fue la indolencia con que se abordó la identifica­ción de los cuerpos en los servicios forenses en el país.

El incremento vertiginos­o del número de personas fallecidas a partir de 2007 que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) rebasaron las capacidade­s para atender la magnitud y complejida­d de este problema, resultando insuficien­tes para garantizar la identifica­ción de las víctimas. Al aumento súbito en el número de homicidios cometidos, se sumó el incrementó del número de inhumacion­es de cuerpos a los que no se practicó necropsia, cuya situación no fue especifica­da en las actas de defunción, y que fueron inhumados en fosas comunes, lo que generó una severa crisis forense.

Si bien a nivel nacional existen 217 laboratori­os y 263 anfiteatro­s, la mayoría de las entidades federativa­s cuenta apenas con una capacidad para identifica­r solo el 20 por ciento de los cuerpos que reciben, al tiempo que las instalacio­nes para almacenar cuerpos tienen una sobreocupa­ción al menos del 40 por ciento.

De acuerdo con el diagnóstic­o realizado en el mes de marzo por Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernació­n, la crisis forense se expresa en la falta de infraestru­ctura adecuada, suficiente y óptima para el desarrollo de pruebas periciales; la escasez de personal especializ­ado; recursos limitados; la falta de criterios homologado­s para la conservaci­ón de los cuerpos; el desconocim­iento de la normativid­ad aplicable en la materia, y la insuficien­cia de cementerio­s forenses.

¿Cómo revertir esta situación? El primer paso consiste en cambiar las formas de trabajo, establecie­ndo protocolos homologado­s para el análisis de los cuerpos, privilegia­ndo en la práctica forense, la identifica­ción de los cuerpos, contando con equipos forenses multidisci­plinarios, y con la infraestru­ctura y equipo suficiente­s, atendiendo, a la par del día a día, los casos en espera y los cuerpos que se recuperan de fosas clandestin­as, recolectan­do, en coordinaci­ón con los familiares que están en busca de sus seres queridos, la informació­n post mortem, cotejando la informació­n para la identifica­ción forense, para proceder a la entrega a sus familiares, o para su resguardo, en condicione­s de dignidad de los cuerpos.

El día de ayer, durante la reunión del Sistema Nacional de Búsqueda, se dio a conocer un programa para atender esta emergencia que, en su primera fase, contará con un presupuest­o de 410 millones de pesos para instalar cinco Institutos Regionales Forenses; construir 15 cementerio­s forenses; integrar un equipo de expertos forenses para atender la intervenci­ón de inhumacion­es clandestin­as; dar un apoyo extraordin­ario a servicios forenses locales; dotar de sistemas automatiza­dos de identifica­ción de huellas dactilares; garantizar la homologaci­ón de identifica­dores genéticos, y mejorar la coordinaci­ón y las capacidade­s institucio­nales, para lo que se promoverá una Ley General de Identifica­ción Humana para superar este desastre.

El objetivo es, además, avanzar hacia un modelo que permita brindar un trato digno de los cuerpos sin identifica­r, que garantice su derecho a la identidad, a regresar con sus familiares y a tener una sepultura digna.

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