Con los niños, no…
La imagen es estremecedora: una niña pequeña y su padre ahogados en la orilla del Río Bravo, muertos en su intento desesperado por cruzar hacia Estados Unidos. La familia salvadoreña (la madre sobrevivió y fue testigo de la tragedia) se metió al río ante las larguísimas esperas para poder ser procesados en los centros de atención de Aduanas e Inmigración estadounidense, mejor conocido como ICE.
Habían hecho todo lo más difícil: llegar hasta la frontera con México, solicitar y recibir una visa humanitaria, hacer el trayecto hasta Matamoros. De manera legal, ordenada. No dieron portazos, no desobedecieron a las autoridades mexicanas, no eran delincuentes. Era una familia pobre, una pobre familia, escapando de la pesadilla salvadoreña para buscar el sueño americano.
A 1,300 kilómetros de distancia, en la localidad de Clint, Texas, centenares de niños sobreviven bajo condiciones infrahumanas
en un centro de detención (estación fronteriza, le llaman eufemísticamente ICE) para migrantes menores de edad. Sin jabón, cepillos o pasta de dientes, sin mudas de ropa, poca agua y comida, durmiendo sobre el piso con las luces encendidas toda la noche, sin medicinas ni alimentación suficientes, jovencitos y jovencitas cuidando a los niños más pequeños…
Si bien las condiciones del centro de detención en Clint no son muy distintas a otros en la zona cercana a la frontera, ha sido este el detonador de la indignación y el escándalo entre muchas personas de bien en EU, y una respuesta gubernamental que deja mucho qué desear en los hechos y también en su fundamentación moral: cuestionada duramente por un juez acerca de las carencias que sufren los menores, lo cual incumple con el requisito de brindar “condiciones seguras y sanitarias” para los internados, la abogada representante del Departamento de Justicia estadounidense respondió que el gobierno no está obligado a proveerlos ni de jabón ni cepillos de dientes, y que dormir en el piso con las luces prendidas permanentemente no constituye una condición insegura o poco sanitaria.
El escandaloso caso rápidamente se politizó cuando políticos del opositor Partido Demócrata criticaron duramente las condiciones en dichos centros, llamándolos incluso —como lo hizo la novel congresista Alexandria Ocasio-Cortes— “campos de concentración”. La reacción de los partidarios de Trump y los voceros oficiales y oficiosos de su gobierno rayó en el extremo, con muchos de ellos defendiendo los centros, otros indignados no por la situación de los niños sino por la comparación de Ocasio-Cortes y algunos más refiriéndose a ellos como “campamentos de verano”.
Si consideramos que hay varios miles de niños y adolescentes detenidos y separados por la fuerza de sus familiares, que en menos de un año más de siete niños han muerto estando bajo la custodia de ICE y que todo indica que el gobierno de Trump continuará con su política de mano dura (que seguramente se recrudecerá conforme avance la campaña electoral), debemos preguntarnos dónde están los límites de lo que una sociedad está dispuesta a tolerar en aras del cumplimiento de las leyes migratorias.
La pregunta vale también para nosotros los mexicanos, ahora que nuestra política migratoria se adecua a los intereses de (y a los compromisos adquiridos con) EU. Entiendo la necesidad de reforzar controles y de tratar de poner orden en nuestra frontera sur, pero tarde o temprano nos tendremos que hacer las preguntas difíciles e incómodas que no solo se refieren a lo legal o lo regulatorio, sino que tocan nuestras fibras morales y humanitarias.
Prevengamos desde ahora, no vaya a ser que —sin darnos cuenta— terminemos tolerando, o peor aún, propiciando, un estado de cosas como el que hoy vive la nación que se dice faro de las libertades y la legalidad en el mundo.
Un país cuyo gobierno le hace eso a los niños y cuya sociedad lo permite, no es faro de nada, más que de la ignominia.