Mario Maldonado
Bartlett vs. Ruiz Sacristán: un duelo de 899 mdd
Algo debió haber salido muy mal en la reunión del 13 de febrero pasado en la que Manuel Bartlett yCarlos Ruiz Sacristán intentaron limar asperezas, luego de que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arremetió contra el presidente de IEnova y otros ex funcionarios públicos convertidos en prominentes empresarios, acusándolos de haber firmado contratos ‘leoninos’ con la empresa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La reunión de inicios de febrero, sin embargo, no presagiaba lo que apenas ayer se comunicó informalmente a los directivos de IEnova: que la CFE solicitará un arbitraje internacional para cambiar los términos del contrato del gasoducto marino Sur de Texas–Tuxpan.
La empresa a cargo de Manuel Bartlett
solicita que se declare la nulidad de todas las cláusulas que son contrarias a la política pública y al interés social, así como a los principios de equilibrio y equidad.
Los pupilos de Bartlett también piden que se declare la nulidad de las cláusulas de fuerza mayor o, en su caso, su modificación.
Y quizá lo más importante, el trasfondo del pleito entre Bartlett y Ruiz Sacristán: que se reintegre el pago de lo indebido realizado por CFE, que asciende a más de 899 millones de dólares hasta mayo de 2019.
Esto incluye el pago de daños y utilidades perdidas por “todos los costos adicionales incurridos por CFE directamente relacionados al incumplimiento de contrato por no iniciar el servicio de transporte de
gas natural en la fecha convenida”.
Por ello, se solicita el pago de todos los gastos y costos del arbitraje, según se lee en el texto de la CFE que fue presentado a los representantes de IEnova.
De acuerdo con fuentes de la empresa productiva del Estado, el asunto se mantiene aún confidencial y ni la CFE ni IEnova planean hacerlo público pronto.
En la empresa que preside y dirige Carlos Ruiz Sacristán tienen una última esperanza de que la amenaza de arbitraje internacional sea sólo una forma de presión para modificar los contratos.
Apenas el 11 de junio se anunció que el gasoducto marino Sur de Texas–Tuxpan, uno de los más grandes del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, terminó de construirse luego de ocho meses de retraso. Era una de las siete tuberías detenidas por falta de permisos y problemas legales que criticó en febrero Manuel Bartlett en presencia del presidente López Obrador.
Una fuente con conocimiento del tema se dijo sorprendida con la solicitud de la CFE, debido a que un arbitraje internacional detiene el inicio de operaciones del ducto, que es esencial para la generación de electricidad y la provisión de servicio a estados con falta de este insumo, como es el caso de la Península de Yucatán.
Es decir que, lejos de poder solucionar el problema de abasto de gas en la región, la suspensión de este ducto podría empeorarlo. Esto sin contar los efectos que esta suspensión o cancelación del gasoducto podría tener para la confianza de los inversionistas. La relación Ruiz Sacristán-Pemex. Carlos Ruiz-Sacristán fue por un periodo muy breve director general de Pemex, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es exconsejero de OHL México.
Un proyecto que lo relaciona al Pemex de Emilio Lozoya es el gasoducto Los Ramones II, donde confluyeron intereses de empresas como Odebrecht, IEnova, Arendal y Techint; también fondos como el poderoso gestor de activos BlackRock; así como una serie de funcionarios y empresarios cuyas relaciones ponen en duda la transparencia de esta multimillonaria obra transfronteriza para el transporte de gas natural.
IEnova se hizo de la participación que mantenía Pemex en Los Ramones II a través de la firma Ductos y Energéticos del Norte. En julio de 2015, la empresa energética también había comprado la participación de Pemex en Gasoductos de Chihuahua, el operador de Los Ramones II.
Es importante desenmarañar cómo se diseñó, adjudicó y financió este proyecto que hoy tiene en sus manos IEnova. En esta columna dimos cuenta de una serie de correos entre el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, y empresarios que hicieron negocios con la petrolera mexicana. Una de las comunicaciones detalla la conformación de un consorcio entre Odebrecht, Techint y Arendal para construir la segunda parte de Los Ramones.