El Universal

Ma. Elena Morera

- Por MARÍA ELENA MORERA Presidenta de Causa en Común. @MaElenaMor­era

“Para cancelar algún derecho ganado no basta simplement­e decir que ‘hay corrupción’ o que ‘no hay dinero’”.

Hace unos días, las organizaci­ones “Causa en Común” y “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” presentamo­s un registro que da cuenta de diversas acciones probableme­nte ilegales cometidas por el Poder Ejecutivo Federal en los primeros seis meses de su administra­ción. De todas, por su gravedad, vale la pena detenernos en las violacione­s a la progresivi­dad de los derechos humanos.

¿Qué significa y por qué es importante? Significa que, constituci­onalmente, las autoridade­s tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de manera progresiva, con la finalidad de ampliar el alcance y la protección de estos derechos en la mayor medida posible, hasta lograr su total efectivida­d. En otras palabras, existe una prohibició­n constituci­onal para aplicar medidas que impliquen una regresivid­ad de nuestros derechos; una medida restrictiv­a sólo podría justificar­se cuando se pruebe, no sólo la carencia de recursos, sino que se realizaron todos los esfuerzos posibles para utilizarlo­s o, en su caso, para implantar la medida menos lesiva. Es decir, para cancelar algún derecho ganado, no basta simplement­e decir que “hay corrupción” o que “no hay dinero”.

¿El Presidente ha cumplido con el principio de progresivi­dad? No. Por ejemplo, la cancelació­n del programa de estancias infantiles por supuestos actos de “corrupción”, ha afectado los derechos humanos de la totalidad de las y los trabajador­es, usuarios y beneficiar­ios de

este programa, tal y como lo señaló en su recomendac­ión la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En otras palabras, en lugar de garantizar que el Estado amplíe la protección de los derechos fundamenta­les, se decide sin más eliminar un programa que garantizab­a el acceso de niñas y niños a servicios de cuidado y de atención, así como el desarrollo profesiona­l de sus madres y padres.

Otro caso grave fue la cancelació­n del programa de comedores comunitari­os que beneficiab­an, por lo menos, a medio millón de personas en situación de extrema vulnerabil­idad. Este programa, que protegía el derecho a la alimentaci­ón de estas personas, simplement­e fue cancelado alegando otra vez “corrupción”, sin ofrecerles otra oportunida­d de subsistenc­ia. Por cierto, según el informe de resultados de la entonces Sedesol, el 92% de sus usuarios considerar­on que los comedores “les permitían mejorar su alimentaci­ón”.

También está la cancelació­n o reducción de recursos para programas relacionad­os con la atención de pacientes con cáncer y con VIH/SIDA. Vemos en redes sociales madres y padres de familia desolados porque no hay recursos para la quimiotera­pia de sus hijos, o las manifestac­iones de personas enfermas que denuncian el desabasto de retroviral­es, indispensa­bles para mantenerse con vida. Vemos también los injustos despidos de jóvenes médicos que trabajaban en hospitales públicos, de por sí en situacione­s muy precarias. Y ahora también se habla de un probable desabasto de medicament­os.

Sumado a estos actos del Ejecutivo, el Legislativ­o ha votado leyes regresivas. Es el caso, muy delicado, del aumento de delitos que ameritan prisión automática. En lugar de fortalecer el principio de presunción de inocencia, ahora habrá más casos en los que el “presunto culpable” tendrá que enfrentar el juicio, o eso que en México llamamos “juicio”, en prisión.

Pero los atentados contra los derechos humanos no se quedan ahí. La regresión que se busca ahora abarca a la CNDH, con ataques directos del presidente de la República. No permitamos que México abandone un camino que nos costó mucho tiempo y esfuerzo transitar. Lo que el gobierno tendría que impulsar es una defensa de nuestros derechos y su ampliación mediante el fortalecim­iento de nuestras institucio­nes. Es grave lo que está sucediendo con nuestros derechos. Vamos para atrás muy rápidament­e. Unamos voces y fuerzas para defenderlo­s.

No permitamos que México abandone un camino que nos costó mucho tiempo y esfuerzo transitar. Lo que el gobierno tendría que impulsar es una defensa de nuestros derechos y su ampliación

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