Hacia la paridad de género en el Poder Judicial
Una muy alentadora noticia para las juzgadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF) fue la publicación en días pasados de la Convocatoria al Primer Concurso Interno de Oposición para la designación de Juezas de Distrito que emitió el Consejo de la Judicatura Federal que encabeza el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que en esta medida vemos la firme decisión de impulsar la paridad de género en el PJF.
Nuestra Constitución, como ya hemos comentado en distintas ocasiones en este espacio, en los artículos 1o. y 4o. postula los principios de igualdad y de no discriminación, este último, entre otras, por razón de género, así como la igualdad ante la ley del hombre y la mujer, lo que supone que las mujeres debieran tener en nuestro país igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
Esa igualdad formal no se traduce
en la realidad en una igualdad real o material. Ello debido a que no es fácil revertir patrones culturales que por siglos han prevalecido.
No obstante, se han dado pasos contundentes. Tenemos ya la experiencia que significó elevar a rango constitucional el principio de paridad de género en la postulación de candidatos a cargos de elección popular en las elecciones de 2015 y 2018, esta última que permitió contar con un Congreso Federal integrado de manera paritaria.
Recientemente, la reforma constitucional en materia de paridad de género que profundiza y extiende el mandato de paridad de género.
A estos esfuerzos hoy se suma el Poder Judicial de la Federación, con esta convocatoria que permitirá la designación de 25 mujeres como Juezas de Distrito.
En la actualidad, el total de mujeres Juezas de Distrito alcanza apenas un 23%. Esto, por supuesto, obedece a múltiples factores, uno de particular incidencia que, tratándose del Poder Judicial Federal, su competencia se ejerce en toda la República, lo que conlleva que la persona que sea designada Juez de Distrito o Magistrada de Circuito, podrá ser adscrita en cualquier lugar conforme lo requieran las necesidades del servicio, lo que como mujer significa un mayor obstáculo.
La Convocatoria no desatiende este aspecto y en la Base 22ª dispone que la adscripción se realizará, preferentemente, atendiendo el lugar de residencia de las participantes o del lugar manifestado en el formato de inscripción y la mayor calificación obtenida en el concurso, tomando en cuenta las plazas vacantes y las necesidades del servicio.
La Convocatoria ofrece otras bondades, al advertir el caso de mujeres que además cuentan con otra condición de vulnerabilidad. Es así que en la Base 7ª establece que para que una participante en cualquiera de las etapas del concurso, con motivo de una discapacidad, requiera de condiciones y material especializado para realizar los exámenes, el Instituto de la Judicatura Federal deberá realizará gestiones a fin de que se proporcionen las herramientas y/o lugares necesarios para el desarrollo de las evaluaciones. En este supuesto basta que al momento de la inscripción, la interesada manifieste bajo protesta de decir verdad el padecimiento que le afecta.
Así también, de existir algún empate, sea en la segunda etapa del concurso o en la resolución final, se resolverá con criterio de acción afirmativa de equidad, lo que implica que la selección se decida por quien tenga una condición de desigualdad dada alguna discapacidad, o, en su defecto, se preferirá a quien sea jefa de familia y, de continuar el empate, se preferirá aquella servidora con mayor antigüedad en las categorías de carrera judicial que establece la Ley Orgánica del PJF.
Nos congratula esta medida que además privilegia la excelencia en el ascenso en la carrera judicial, que nos debe mover cada a día a todas las mujeres en el desempeño de nuestras labores.