Alfonso Zárate
“México está urgido de acciones que trasciendan las meras denuncias; los excesos de los poderosos no se explican sin la impunidad”.
Enrique Peña Nieto encabezó un gobierno depredador, pero esa pandilla que asaltó el poder en 2012, podría estar a punto de caer, por lo pronto ya ha empezado a escuchar pasos en la azotea.
En un entorno de incertidumbre y desconfianza, acentuado por las malas cuentas en el sector industrial, la caída del empleo, el decepcionante Plan de negocios de Pemex y la inminencia de una recesión, algunos movimientos en el ámbito de la justicia, aparentemente inconexos, podrían terminar por llevar ante los tribunales al expresidente Enrique Peña Nieto y a algunos de sus principales colaboradores y socios.
El gobernante frívolo que encabezó a la cofradía mexiquense podría ser llevado a juicio como resultado de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las delaciones de distintos integrantes de esa densa red que operó grandes negocios con cargo a las finanzas públicas, como Luis Videgaray, Gerardo Ruiz Esparza, Rosario Robles y Luis Enrique Miranda.
La decisión de ir por Emilio Lozoya ha aflorado viejas rencillas entre dos de los más cercanos amigos del expresidente: el propio Lozoya y Luis Videgaray, y el abogado Javier Coello Trejo ha solicitado la comparecencia de Peña. “Si me hundo, no me iré solo”, parece ser la convicción del exdirector de Pemex.
Otra pieza que conduce a Peña Nieto la constituyen las revelaciones de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, señor de todos los excesos y miembro distinguido de la “generación podrida”, que parece haber llegado a la conclusión de que ya es
tiempo de “soltar la sopa” y en estos días ha usado distintos espacios para lanzar acusaciones que probarían el modus operandi que permitió financiar campañas electorales, incluida la presidencial de 2012, y construir patrimonios de escándalo. Javidú menciona a Osorio Chong, el entonces secretario de Gobernación, como el mensajero de Peña; cuenta que recibió dinero del propio Peña Nieto que utilizó para pagar las extorsiones de funcionarios de la PGR.
Una tercera pieza del acertijo podría ser la aprehensión de Juan Collado, “el abogado de la mafia del poder”. Las redes de Collado —que alcanzan el más alto nivel del Poder Judicial e incluyen a ministros de la Suprema Corte de Justicia— fueron exhibidas en el banquete impúdico que ofreció con motivo de la boda de su hija.
La manera en que fue aprehendido: por medio de un aparatoso despliegue de fuerza en un restaurante de lujo, envía un mensaje intimidatorio para otros presuntos culpables y, de nuevo, para el propio Peña Nieto.
Y está también la denuncia en Querétaro del empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa, sobre la Caja Libertad que toca a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña, a quienes señala Bustamante como los verdaderos dueños de Libertad Servicios Financieros.
Pero no es todo, está el caso Oceanografía, en el que también aparece Collado y que está a punto de judicializarse; se trata de investigaciones que tocan a las mismas redes de poder de Peña Nieto.
Si se concretan estas investigaciones, el supuesto acuerdo secreto entre el mexiquense y López Obrador se habría roto; después de todo, como dicen los que saben, los compromisos en política están escritos sobre la arena.
México está urgido de acciones que trasciendan las meras denuncias; los excesos de los poderosos no se explican sin la impunidad. No queremos una nueva decepción: es imperativo que la FGR arme consignaciones impecables y que los jueces resuelvan con apego a la ley.
Sin embargo, mientras se acumulan los indicios y las acusaciones, fiel a su propia historia, hasta hace unos días Enrique Peña Nieto seguía exhibiéndose de huateque en huateque con su nueva pareja. Pero si sabe leer, lo que está en curso le habrá borrado la risita.