Ahora van por gaseros por lavado de dinero
• UIF denuncia ante la fiscalía a presunta red de evasión fiscal • Detectan operaciones con empresa ligada al Cártel del Golfo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal integrada por ocho empresas del ramo del gas, gasolina y outsourcing, algunas relacionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense con la delincuencia organizada.
La UIF también ordenó el congelamiento de las cuentas de las empresas y personas señaladas en la denuncia presentada el pasado 10 de julio, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso.
En la investigación resalta el caso de Ultragas México, que de acuerdo con la UIF realizó operaciones con
Combustibles Briones, S.A. de C.V., que desde mayo de 2015 fue incorporada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos a una lista de empresas ligadas al Cártel del Golfo.
En ocho meses, la UIF ha presentado ante la FGR casos relevantes, como los de Juan Collado, Emilio Lozoya y Rosario Robles.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República la existencia de una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal integrada por ocho empresas del ramo del gas, gasolina y outsourcing, algunas de ellas vinculadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la delincuencia organizada.
La denuncia —presentada el pasado 10 de julio por la UIF ante la fiscalía— en contra de las empresas KNG Ultra, S.A. de C.V. (Ultragas México), Distribuidora Mexicana de Gas LP, S.A., Servicios Enfocados para Empresas Mexicanas, S.A., Thori Empresarial y Comercio, S.A. de C.V., Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, S.A. de C.V., Transportadora Zeta, S.A de C.V, Combustibles Briones, S.A de C.V, y Free Industrial, S.A. de C.V.
Así también se señala a Jesús Alonso Zaragoza López, Laura Elena Rey Ramírez, Jesús Alonso Zaragoza Rey, Sergio Adrián Zaragoza Rey, Laura Elena Zaragoza Rey, propietarios de Ultra Gas y de Transportadora Zeta; y de Abel y Claudia Aidé Briones Ruiz, de Combustibles Briones, quienes “efectuaron operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional, mismas que no encuentran su etiología [origen] en actividades comerciales o de negocios lícitos”.
La Unidad de Inteligencia Financiera asegura que dicha organización, sus representantes y accionistas realizaron operaciones con Combustibles Briones, S.A. de C.V; propiedad de Abel Briones Ruiz y Claudia Aidé Briones Ruiz, investigados por el gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en delitos de narcotráfico.
La UIF también ordenó el congelamiento de las cuentas de las empresas y las personas señaladas.
A los relacionados con la denuncia les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias, con base en el acuerdo 162/2019 de la Unidad de Inteligencia Financiera; los imputados interpusieron amparos para el descongelamiento de las mismas.
Según la denuncia presentada por la UIF, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, la organización Ultragas México realizó operaciones con Combustibles Briones, S.A. de C.V., Thori Empresarial y Comercio, S.A. de C.V. y con Industrias Unidas Covalín, S.C.
Desde mayo de 2015, Combustibles Briones fue incorporada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en una lista de empresas con vínculos con el Cártel del Golfo.
La OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, prohibió a empresas estadounidenses tener cualquier relación de negocios con Combustibles Briones, tras señalar que Abel Briones Rui había sido señalado por la DEA de pertenecer al Cártel del
Golfo, para el que traficaba cocaína a Estados Unidos a través de camiones de hidrocarburo.
“En Tamaulipas, Briones Ruiz opera una red de contrabandistas de cocaína y efectivo a granel, que incluye a Rogelio Nieto (su cuñado) y Myriam Susana Beattie (su esposa, también conocida como Myriam Susana Beattie Martínez), Claudia Aidé Briones (su hermana) y Magdalena Ruiz (su madre, también conocida como Magdalena Ruiz Carrión) brindan servicios a su empresa, Combustibles Briones, S.A. de C.V.”, señala un reporte de la DEA emitido en 2015.
La OFAC detectó 19 gasolinerías mexicanas relacionadas con organizaciones criminales en el periodo de 2005 a 2014, y confirmó que Combustibles Briones es parte de una red de lavado de dinero que opera en la frontera norte de México.
Por su parte, Ultragas México cuenta con 31 registros de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), vigentes desde el 28 de octubre de 2013. El propietario es Jesús Alonso Zaragoza López, quien tiene 34 empresas (entre ellas Transportadora Zeta) en cuando menos ocho estados del país, que van desde distribuidoras de combustible, inmobiliarias, reclutadoras de personal y comercializadoras.
De acuerdo con su portal de Internet, Ultragas México se conforma de las compañías Distribuidora Mexicana de Gas LP, S.A. de C.V.; Gas del Centro, S.A. de C.V.; y Gas del Valle Tollocán, S.A. de C.V.; con presencia en Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México.
Distribuidora Mexicana de Gas LP, S.A de C.V, fue inscrita en el Registro Público de Comercio de León, Guanajuato, el 12 de enero de 1994, con número de escritura 2387, siendo su representante legal Jesús Zaragoza López.
Asimismo, se detectó que Ultragas ha realizado operaciones con Thori Empresarial y Comercio, empresa señalada de presuntamente triangular recursos a personas investigadas por delitos financieros y fiscales.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera, Thori Empresarial y Comercio se encuentra relacionada con diversas empresas de reciente creación, que comparten domicilios y que realizan operaciones entre sí.
Industrias Unidas Covalín, con la actual Ultragas, socios y asociados realizaron diversas operaciones inusuales y sospechosas, y fue denunciada por la UIF desde 2016. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR abrió una carpeta de investigación en su contra el año pasado.
Industrias Unidas Covalín es señalada por recibir recursos de fuentes desconocidas y por presuntamente exportar divisas a través de empresas fantasma hacia Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, Corea y Hong Kong.
Como parte de la acción de la autoridad para desmantelar esta red de lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les canceló el certificado de sello digital, por lo que han quedado inhabilitadas para realizar operaciones de cualquier tipo.