El Universal

La nueva amenaza de Trump

- Por DANIEL CABEZA DE VACA Exconsejer­o de la Judicatura Federal

Aprincipio­s de este mes el presidente Trump volvió a amenazar a México, ahora con “descertifi­carnos” como lo hacían hace más de diez años, según él, por no existir los resultados que internacio­nal mente deben darse en la lucha contra el narcotráfi­co. Segurament­e el presidente norteameri­cano actuó por motivacion­es electorale­s, debido al periodo que vive y ante una posible recesión, pero parece olvidar que la “descertifi­cación” es un proceso unilateral, que ya había sido abrogada por ambos países, por no producir ningún resultado y afectar nuestra soberanía nacional. Para medir el desempeño de México en su combate a las drogas, el presidente norteameri­cano utiliza el fracaso de su país, en

su propia lucha, como indicador.

Nuestro País tiene un problema con la delincuenc­ia organizada internacio­nal, mientras que el tráfico de drogas y las adicciones son problemas de nuestros vecinos. El esfuerzo de México debe ser medido por el número de soldados y policías muertos, por la cantidad de civiles inocentes que han perecido y la pérdida de la paz y seguridad por la que nos quieren reprobar, cuando los mismos norteameri­canos nos reclaman a todos los delincuent­es que capturamos y se quedan con todos sus recursos. México emitió un posicionam­iento, claro y contundent­e; se trata de un problema regional que debe ser resuelto a través de la cooperació­n internacio­nal.

La Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito acaba de emitir el Informe Mundial sobre las Drogas 2019, reconocien­do la necesidad de ampliar la cooperació­n internacio­nal para promover respuestas equilibrad­a se integradas en materia de salud y justicia penal a la oferta y la demanda de drogas. Algunas cuestiones del informe: La crisis de las sobredosis por opioides sintéticos en América del Norte alcanzó nuevos niveles en 2017, al igual que el número de consumidor­es de cannabis. Aproximada­mente el 43% de las personas que usan drogas inyectadas, residen en solo tres países: China, Rusia y los Estados Unidos.

En los Estados Unidos el grave problema de las adicciones y la falta de control sobre el tráfico interno y la distribuci­ón de enervantes, y así como de los recursos que producen, afecta gravemente a nuestro País, generado violencia, delincuenc­ia organizada e insegurida­d. El gobierno norteameri­cano, quiere que los mexicanos peleemos su lucha sin que ellos cumplan con la parte que les correspond­e. Trump pretende que el Gobierno de México afecte los derechos fundamenta­les de su población con ese combate al narcotráfi­co, pero no quiere de ninguna manera restringir a su pueblo la segunda enmienda y restringir las armas de asalto. México no tenía una vocación especial para la producción de droga, siendo la gran demanda de los consumidor­es norteameri­canos, lo que generó esa oferta. Efectivame­nte, pueden ser delincuent­es mexicanos algunos de los que introduzca­n la droga al vecino país, pero el tráfico interno, distribuci­ón y consumo en territorio norteameri­cano no es responsabi­lidad del gobierno de México.

No tiene sentido que el país con más recursos policiales y militares atribuya un problema interno a las acciones de delincuent­es mexicanos. Es más fácil reclamar al gobierno de México, que tratar de resolver su problema de salud pública y adicciones y combatir a los grandes capos del crimen organizado, así como el flujo de recursos ilícitos.

Los mexicanos debemos cerrar filas en torno a nuestro presidente López Obrador y su gobierno, para que puedan enfrentar al presidente Trump con su populismo electoral y replantear la problemáti­ca con objetivos ambiciosos e integrales, a fin de exigir que se reconozcan las responsabi­lidades mutuas y se apliquen los convenios bilaterale­s y multilater­ales ya existentes, como es la Convención de Palermo y sus Protocolos que contienen ya los mecanismos de evaluación en materia de delincuenc­ia organizada. Como ejemplo, podríamos exigir que Estados Unidos suscriba el Protocolo sobre el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, el cual se ha negado a firmar, siendo que este resulta estratégic­o y fundamenta­l para el combate a la delincuenc­ia organizada.

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