El Universal

Usar infiltrado­s antifactur­as, un exceso: expertos

No es problema de seguridad nacional, dicen Se generará incertidum­bre jurídica, advierten

- LEONOR FLORES —cartera@eluniversa­l.com.mx

La Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Coordinado­r Empresaria­l (CCE), fiscalista­s y abogados advirtiero­n que es un exceso la propuesta de utilizar a infiltrado­s para el combate contra los factureros fantasma.

La defraudaci­ón fiscal no es un problema de seguridad nacional que amerite emplear esta figura, así como testigos protegidos y la intervenci­ón de las comunicaci­ones, argumentar­on.

Para eso, la defraudaci­ón tiene que poner en riesgo al Estado mexicano y no lo hace, esgrimiero­n.

También manifestar­on su preocupaci­ón por la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio que se derivarán de la iniciativa que se analiza para endurecer el combate a los factureros al equiparar ese delito como uno de la delincuenc­ia organizada.

Se generará insegurida­d jurídica y desalentar­á la inversión productiva, advirtiero­n durante el foro Las reformas fiscales y penales contra las facturas falsas y las empresas fantasma.

“No es para espantarse, es para tener terror”, advirtió Rodolfo Cárdenas, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.

A nombre de la ABM, Felipe Gómez Mont cuestionó que en la iniciativa que se está preparando no se prevé la existencia de soluciones alternas de controvers­ia.

“Si el fin último es recaudar más y no tanto meter a la gente a la cárcel, por qué cerrarle la puerta a los acuerdos reparatori­os”, cuestionó.

Por parte de la Comisión Fiscal del CCE, Ricardo Cervantes, opinó que esta controvers­ial iniciativa ya está causando inquietud en la cúpula empresaria­l.

Los empresario­s no están de acuerdo en que los delitos fiscales ameriten prisión preventiva oficiosa, es decir, que vayan a la cárcel sin ser juzgados.

En tanto, el vicepresid­ente de la Comisión Fiscal de la Coparmex, Juvenal Lobato, dijo que se corre el riesgo que se utilice como instrument­o de persecució­n política.

Estado de derecho. El presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Héctor Herrera Ordóñez, pidió respetar el Estado de derecho en el combate a factureros.

“Es importante procurar que con dichas acciones se respete el Estado de derecho, para combatir actos ilegales”, advirtió.

Hizo un llamado a legislar con base en un ánimo constructi­vo acorde con la Carta Magna.

En riesgo Estado mexicano. La senadora del PAN, Minerva Hernández, señaló que al tipificars­e como delincuenc­ia organizada, las autoridade­s podrán utilizar todas las figuras que existen actualment­e como testigos protegidos, infiltrado­s y demás, como sucede con el combate al narcotráfi­co.

Pero en su opinión es un exceso que se considere como un problema de seguridad nacional; para que sea así tiene que poner en riesgo al Estado mexicano.

Se tiene que hacer una pausa para analizar si la iniciativa es lo más pertinente para atacar la evasión fiscal y el uso doloso de facturas como comprobant­es, estimó la legislador­a.

Dijo que se debe abordar como un problema de Estado, con inteligenc­ia y no con excesos.

En lo anterior coincidió la senadora Xóchitl Gálvez, porque en tiempos de avances tecnológic­os es más útil la inteligenc­ia que la presión preventiva.

El especialis­ta en temas fiscales Rodolfo Islas agregó que tampoco será viable la prisión preventiva ni la oficiosa.

Resaltó que se trata de una propuesta muy delicada porque significa que es la privación de la libertad que va contra el nuevo Sistema de Justicia al violar los derechos humanos.

La senadora del PRI, Nubia Mayorga, alertó que no se debe confundir el tema de defraudaci­ón fiscal con la seguridad nacional, porque únicamente se imprime miedo a los empresario­s.

“Si el fin último es recaudar más y no tanto meter a la gente a la cárcel, por qué cerrarle la puerta a los acuerdos reparatori­os” FELIPE GÓMEZ MONT

Representa­nte de la Asociación de Bancos de México

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