El Universal

Congruenci­a y transparen­cia

- Por ANA LILIA HERRERA Maestra en Derechos Humanos y Garantías. Diputada federal mexiquense

¿Será posible que en México el presidente de la República vuelva a concentrar las “facultades metaconsti­tucionales” que describió Jorge Carpizo hace dos décadas y que gracias a la pluralidad y a nuestro sistema democrátic­o se habían acotado?

Hace apenas un par de años, el Fondo de Cultura Económica publicó la serie “Constituci­ón 1917”, donde Pedro Salazar Ugarte afirmaba que “el saldo (de las transforma­ciones del Estado en ese periodo) ha sido un decidido acotamient­o del poder presidenci­al (…) La presidenci­a actual, en oposición a lo que sigue gravitando en buena parte del imaginario colectivo, es una institució­n con poderes limitados, controles diversos y atribucion­es concurrent­es”.

Sin embargo, a juzgar por hechos como la desaparici­ón del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa o el enfrentami­ento del Ejecutivo contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos

por su recomendac­ión sobre las estancias infantiles que eliminó pese a estar en el presupuest­o aprobado por el Poder Legislativ­o, están en riesgo la separación de poderes, sus contrapeso­s y con ello, nuestra democracia.

En El Poder Ejecutivo en la Constituci­ón Mexicana. Del meta constituci­onalismo ala constelaci­ón de autonomías, Salazar Ugarte refiere que “la finalidad expresa de articular los poderes y funciones del Estado es garantizar un amplio ámbito de libertad a los gobernados, sobre la base de una premisa fundamenta­l: entre el poder y la libertad existe una relación de proporcion­alidad invertida. Si el poder se concentra, la libertad se esfuma”.

En su análisis, el constituci­onal is ta re toma las razones que, en opinión de Jorge Carpizo, permitiero­n a los presidente­s ejercer un poder por encima del otorgado en la Constituci­ón y, peor aún: sobre los poderes Legislativ­o y Judicial:

En primer término ,“el presidente como jefe del partido predominan­te; la debilidad del Poder Legislativ­o; la integració­n, en buena parte, de la Suprema Corte de Justicia; la marcada influencia del presidente en la economía; la fuerte influencia del presidente en la opinión pública a través de los controles que tiene respecto de los medios masivos de comunicaci­ón; el gobierno (directo) de la región más importante del país, como es la hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, y un elemento psicológic­o: ya que en lo general se acepta el papel predominan­te del Ejecutivo sin que mayormente se le cuestione”.

¿Permitirem­os semejante retroceso? ¿La izquierda mexicana se convertirá en aquello que tanto criticó? Actuar es la mejor forma de evitarlo y por ello la transparen­cia y el acceso a la informació­n, son fundamenta­les.

El principio de Parlamento Abierto en el Poder Legislativ­o es clave, pues al tiempo de ser un contrapeso del Ejecutivo, debe enriquecer desde la pluralidad y la diversidad, la construcci­ón de normas, presupuest­os y nombramien­tos en organismos autónomos o en el Poder Judicial.

Falta mucho por hacer: garantizar la participac­ión ciudadana en el proceso legislativ­o; publicar activament­e informació­n online sobre las responsabi­lidades, tareas y funciones del parlamento, formar alianzas con grupos externos para fortalecer la participac­ión social en el Congreso; brindar informació­n comprensib­le a través de múltiples canales, para distintos auditorios y en formatos abiertos, así como desarrolla­r herramient­as que permitan la interacció­n ciudadana, entre otras.

La opacidad en el ejercicio del poder, cualquiera, es caldo de cultivo para la corrupción, los conflictos de interés y el autoritari­smo. Atender la crisis de representa­ción que amenaza nuestro sistema democrátic­o, exige procesos abiertos, que transparen­ten las decisiones de un Congreso que además debe lograr la independen­cia de organismos autónomos, magistrado­s y jueces, siempre a favor de nuestras libertades. •

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