“Consulta de bonillazo es para validar a exdiputados”
• Experto señala que votación busca usar respaldo ciudadano para legitimar la decisión de ampliar mandato a gobernador
Tijuana.— La encuesta ciudadana que aprobó el Congreso de Baja California, a través de la creación de una comisión especial encargada del proyecto, tiene la intención de legitimar la reforma al artículo Octavo del Decreto 112, que amplía el periodo de la siguiente gubernatura de dos a cinco años, del mandatario electo, Jaime Bonilla Valdez, dijo el político y académico de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) en Tijuana,Víctor Espinoza Valle.
Aunque las condiciones no son claras, indicó el investigador, el objetivo principal es usar el respaldo ciudadano —en caso de salir con un resultado favorable— para validar la decisión de los diputados locales de la administración pasada, quienes extendieron el periodo gubernamental a pesar de existir antecedentes en la Corte sobre la inconstitucionalidad del acto.
Espinoza Valle dijo que la consulta sólo es vinculatoria si participa al menos 20% del listado nominal, en términos generales. Sin embargo, en el caso de esta reforma desconoce si por tratarse de un tema electoral y de la administración pública podría obligar a implementar los cambios en la ley, porque las condiciones de la encuesta no han sido bien explicadas.
“Es una salida para darle legitimidad a un problema que existe (...) lo que se espera y debería pasar es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] conociera de las impugnaciones y acciones de inconstitucionalidad, pero no, hoy estamos viendo que toman otro camino”, lamentó.
La postura del Congreso de Baja California en cuanto a los resultados, según el presidente de la Legislatura, el diputado morenista Catalino Zavala, va en el sentido de enviar la reforma al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial de Baja California en caso de tener el respaldo de la ciudadanía, pero de lo contrario, evitarlo.
Pese a los cambios en el decreto 112, el siguiente gobierno estatal —que entrará en funciones el 1 de diciembre— mantiene un periodo de dos años hasta que los cambios no sean publicados para que la reforma pueda aplicarse.
“Es una situación en la que todos pierden, porque carecen de legitimidad el pasado Congreso y el nuevo también, mientras que los ciudadanos están en la incertidumbre. La salida era que publicaran la reforma, era lo más lógico después de tanto desgaste. Estamos en una verdadera encrucijada… el nuevo gobierno aún no empieza”, indicó.