Los gobernadores, ¿“fichas de cambio” en la grilla nacional?

La última vez que el Senado de la República aplicó el artículo 76 de la Constitución federal para declarar la “desaparición de poderes” en un estado, fue en 1975. Por órdenes del presidente Luis Echeverría Alvarez, la mayoría del PRI destituyó al gobernador de Hidalgo, Manuel Sánchez Vite, quien se había revelado a los designios del centro y pretendía imponer a su sucesor, en contra de los intereses del grupo echeverrista. El hidalguense fue el último de una lista de 62 gobernadores destituidos a través de esa facultad constitucional del Senado, entre 1917 y 1975, cuando el mecanismo funcionó como una forma de presión y represión para resolver diferencias entre la Federación y los estados, aunque también para apagar revueltas populares, rebeliones y escándalos de corrupción de los mandatarios locales.

De hecho, entre los presidentes que más desaparecieron poderes en su sexenio está el general Lázaro Cárdenas, que removió utilizando el artículo 76 a cerca de 18 gobernadores por distintas razones. El otro presidente con más gobernadores removidos es Carlos Salinas de Gortari, quien hizo renunciar a cerca de 17, aunque en el caso salinista se trató siempre de remociones extraconstitucionales que se operaban, también por los mismos motivos políticos y de control del centro, casi siempre desde la Secretaría de Gobernación.

Después de 61 años de haberse aplicado sin una Ley reglamentaria, fue el presidente José López Portillo, quien en un intento de tomar distancia del autoritarismo de su antecesor Echeverría, ordenó la aprobación de la ley secundaria del artículo 76 de la Constitución, en 1978, para imponer cinco requisitos para hacer más difícil la declaración de desaparición de poderes en un estado, en caso de que los titulares de los poderes constitucionales: 1. Quebranten los principios del régimen federal; 2. Abandonaren el ejercicio de sus funciones, ano ser que medie causa de fuerza mayor; 3. Estuvieren imposibilitados para el ejercicio de las funciones inherentes a su cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados por ellos mismos, que afecten la vida del estado impidiendo la plena vigencia del orden jurídico; 4. Prorroguen su permanencia en el cargo fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para nombrar a nuevos titulares; y 5. Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas a las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.

Desde el último caso de Sánchez Vite en 1975, la “desaparición de poderes” sólo se ha utilizado como forma de amenaza o de presión política. Hoy que el tema vuelve a ser discutido en el Senado, a raíz de que se presentarán en la última semana tres peticiones formales para aplicar el artículo 76 en igual número de estados de la República, parece que la utilización de esta facultad constitucional no ha dejado de ser eminentemente política, aunque la novedad ahora es que ya no es la Federación amenazando a los estados, sino que la “desaparición de poderes” se invoca como una forma de resolver reyertas políticas entre partidos y fracciones en el Congreso.

Porque primero fue el PAN el que, la semana pasada, anunció que pediría “desaparecer poderes” en Veracruz para remover al gobernador de Morena, Cuitláhuac García, con el argumento de que violentó la Constitución estatal y federal al ordenar la remoción, con su mayoría en el Congreso local, del titular de un órgano autónomo del estado como era el fiscal Jorge Winckler.

Y la reacción vengativa de los morenistas no se hizo esperar. Ayer, Morena pidió formalmente la destitución no de uno, sino de dos gobernadores de Acción Nacional, al invocar la “desaparición de poderes” en Tamaulipas, donde gobierna Francisco García Cabeza de Vaca, a quien acusan de haber permitido la ejecución extrajudicial de 8 personas para sembrar sus cuerpos en un montaje de un presunto enfrentamiento; y el otro fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, a quien también responsabilizan de una crisis de seguridad, violencia e ingobernabilidad.

Las reacciones no se hicieron esperar y, tanto en los estados gobernados por el PAN, como en Veracruz, han surgido movimientos que defienden el trabajo de sus gobernadores, especialmente en Tamaulipas, en donde la situación de Cabeza de Vaca parece más endeble por la existencia de investigaciones federales sobre las ejecuciones extrajudiciales, que ahora involucrará a la ONU, además de que el mandatario panista rinde hoy su tercer informe de Gobierno.

Está claro que, al menos hasta ahora, el duelo entre Morena y el PAN en el Senado parece más un tema de “venganzas y reyertas políticas”, en mucho enfocadas a la disputa electoral que se viene en el 2021, que una intención real de aplicar el artículo 76 de la Constitución. Lo que está claro con todo esto es que en los tiempos de la 4T y su presidencialismo revitalizado, los gobernadores realmente se han devaluado en su papel político; porque pasaron de ser virreyes y mirreyes en sus estados y poderosos alfiles en el tablero nacional, para convertirse ahora en simples peones del ajedrez político y en monedas de cambio de la grilla nacional.