El forcejeo Morena-PAN por Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz
Policías de Tamaulipas reportaron el 5 de septiembre la muerte de ocho presuntos narcotraficantes en un enfrentamiento ocurrido en Nuevo Laredo, en medio de la espiral de violencia registrada semanas previas en el estado. Sin embargo, ONG defensoras de los derechos humanos aportaron evidencia de que se había tratado de un montaje para encubrir una ejecución extrajudicial. Los fallecidos, según la denuncia, ni eran narcotraficantes ni habían muerto en la balacera sino asesinados antes de que ésta ocurriera.
La conmoción causada por tales hechos y acusaciones se potenció ayer cuando la procuraduría del estado giró órdenes de aprehensión contra siete policías por su participación en la presunta ejecución extrajudicial, acaso la gota que derramó un vaso colmado de violencia e inseguridad y que llevó a que el Senado se planteara ayer mismo la desaparición de poderes en Tamaulipas, solicitud que ya fue turnada a la Comisión de Gobernación que deberá emitir un proyecto de dictamen que se elevará al pleno para su resolución.
La solicitud para determinar que “se ha configurado en Tamaulipas la desaparición de poderes”, que se realice la declaratoria correspondiente y que se nombre a un gobernador provisional, fue presentada por Morena a través del oficio 855.
La petición de declarar desaparición de poderes la pueden hacer los senadores y/o los diputados federales de la entidad a la que se refiera, pero la declaratoria es facultad del Senado, de acuerdo con la fracción quinta del artículo 76 constitucional. Su ley reglamentaria establece las causales. La uno y la tres son las que se consideran en el caso de Tamaulipas: Que los titulares de los poderes constitucionales del estado quebrantaron los principios del régimen federal al mostrarse imposibilitados de ejercer sus funciones por conflictos causados por ellos mismos y que impiden la plena vigencia del orden jurídico.
Los senadores de Morena argumentan que en la gestión de Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha crecido desproporcionadamente, de 2016 a la fecha, la incidencia delictiva y consideran que la población está gravemente expuesta, por un lado, a los estragos causados por el crimen organizado; y por el otro, a los de los cuerpos de seguridad que las autoridades estatales, denuncian, utilizan injustificadamente para reprimir.
Pero el grupo de Morena añadió, en otro oficio, el 856, otra solicitud de declaratoria de desaparición de poderes y designación de gobernador provisional. Corresponde a Guanajuato donde, argumenta, la población sufre “una grave crisis de violencia e inseguridad” que el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez ha sido incapaz de resolver.
Tamaulipas y Guanajuato son dos de los estados más violentos e inseguros. De enero a agosto de este año se han cometido en ellos 29 mil 304 y 92 mil 460 delitos, respectivamente, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero más allá de los datos duros, en las dos hay gobiernos del PAN, por lo que la solicitud de Morena pareciera respuesta a la petición hecha la semana pasada por diputados federales del blanquiazul, para desaparecer poderes en Veracruz y someter a juicio político al gobernador Cuitláhuac García, de extracción morenista y fuertemente apoyado por el gobierno de AMLO. Durante su gestión se han cometido 33 mil 743 delitos, incluidas las masacres en Minatitlán y Coatzacoalcos.
Si, como parece, estamos ante un forcejeo político, la probable desaparición de poderes en cualquiera de esas entidades, no resolverá la grave situación de violencia e inseguridad que se vive en ellas y el país entero. ¿Serán incapaces las fuerzas políticas de poner por delante el interés nacional?
Instantánea: 1. DECLARATORIAS. Con la vigente Constitución de 1917 se ha constatado técnicamente la desaparición de poderes en 48 ocasiones. En Tamaulipas, por cierto, cinco veces; en Guanajuato cuatro y en Veracruz una. No pocos politólogos han visto en esta práctica un instrumento de control del régimen autoritario que gobernó al país durante prácticamente todo el siglo XX. Los siguientes datos abonan a favor de ese argumento: Al menos 35% de esas declaratorias tuvieron que ver con una cuestión política y solo 8% se justificó por violaciones a derechos humanos.