Justicia transicional
La semana pasada, el historiador Pedro Salmerón, exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), provocó polémica al calificar a los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre como “valientes” en una publicación en redes sociales titulada “17 de septiembre de 1973: Muerte de Eugenio Garza Sada”. A este hecho se sumó la entrega del premio Carlos Montemayor a Florencio Lugo Hernández y Francisco Ornelas, sobrevivientes del asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, hecho que algunos historiadores han señalado como el inicio de la lucha guerrillera en México, y a la disculpa que a nombre del Estado mexicano ofreció la secretaria de Gobernación a Martha Alicia Camacho, ex militante de la Liga 23 de septiembre, por su detención arbitraria y tortura en 1977 en el marco de la llamada “Guerra Sucia”.
El gobierno federal inició su política de pacificación y reconciliación con la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y el envío de la iniciativa de Ley de Amnistía con el objetivo de que diputados y senadores la analicen y, en su caso, la aprueben. La propuesta de ley plantea otorgar la libertad a presos políticos, así como a indígenas, mujeres y jóvenes no reincidentes que purgan penas por delitos menores y sin violencia. La iniciativa presidencial no contempla el perdón ni la libertad para delitos futuros y sólo se refiere a condenas anteriores a su promulgación.
La justicia transicional es un mecanismo que han utilizado diversos países para dejar atrás periodos de conflicto y represión donde las violaciones de derechos humanos han sido sistemáticas y masivas. Esta vía prioriza la atención a las víctimas y entre sus objetivos está posibilitar el acceso a la justicia, facilitar procesos de paz y promover resoluciones que fomenten la reconciliación entre el Estado y la sociedad. Puede implementarse de diversas formas: procesos penales contra los responsables de crímenes, comisiones de la verdad o investigaciones por parte de órganos no judiciales que tienen como objetivo el esclarecimiento histórico de los hechos, reparación del daño o reformas legales o institucionales que modifiquen la impartición de justicia.
La violencia e inseguridad que imperan en nuestro país, el número de víctimas y los altos índices de impunidad y corrupción hacen indispensable pensar en una política integral de justicia transicional. En un estudio titulado Breaking state impunity in post-authoritarian regimes: Why transitional justice processes deter criminal violence in new democracies, publicado en el Journal of Peace Research, los académicos Guillermo Trejo, Juan Albarracín y Lucía Tiscornia sostienen que el nivel de violencia criminal en las nuevas democracias depende en gran medida de que los gobiernos adopten procesos de justicia transicional con una mirada integral para abordar su pasado represivo. De acuerdo con los autores, cuando las élites adoptan procesos de justicia para exponer, enjuiciar y castigar a los culpables de la violencia, redefinen las reglas de la coerción estatal y disuaden a los miembros de las fuerzas armadas y la policía de convertirse en actores de la violencia criminal. Países que al transitar a la democracia adoptan procesos robustos de verdad y justicia para confrontar su pasado represivo, registran menores tasas de homicidio en comparación de aquellos que ignoran su pasado. Con datos de 76 países que transitaron a la democracia entre 1974 y 2005, los autores muestran que la adopción de comisiones de la verdad institucionalmente fuertes está asociada con tasas más bajas de asesinatos. En contraste, las leyes de amnistía parecen estimular la violencia criminal.
La herida abierta de la represión en México es indiscutible. Declaraciones de funcionarios públicos que generan polémica constatan que existe una deuda en el esclarecimiento de los hechos, la impartición de justicia y la reparación de daños a las victimas de la violencia. La actual situación de violencia y criminalidad exige respuestas que no solo tengan como eje principal la amnistía, sino un proceso de reconciliación profunda que pasa por el fortalecimiento de nuestras instituciones garantes de la impartición de justicia.