Denuncias por CPTM y SCT llegarían a Peña
El alto perfil con el que se ha manejado el expresidente Enrique Peña Nieto, quien lo mismo se fotografía en España que se disfraza para ir a cenar a un restaurante de Nueva York junto a su novia Tania Ruiz, comienza a generar malestar en la Cuarta Transformación.
El mensaje que le envió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador vía el abogado Alonso Aguilar Zinser, sería reforzado con la denuncia de casos que tienen que ver con la administración peñista y con sus más cercanos colaboradores, como es el caso del extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.
La investigación que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció sobre los manejos del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) durante el sexenio anterior, sería la primera que involucre directamente al expresidente Peña.
En una revisión a los contratos que el CPTM firmó apenas el año pasado, se encuentra una adjudicación directa a la razón social Negocios Universal TD2, S. de R.L. de C.V., una empresa que tan sólo en 2018 acumuló en la administración pública federal otros tres contratos en las mismas condiciones que superan la cantidad de 313 millones de pesos.
Negocios Universal TD2 es una firma que ya fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, el pasado 31 de julio, mediante el oficio número 18/200/0209/R/2019 depositado en el expediente SANC-0001/2019, el cual, por cierto, no proporciona mayores detalles.
La misma proveedora del sector público ha estado en la mira de la Auditoría Superior de la Federación, que lleva David Colmenares, quien detectó el año pasado adeudos en sus cuotas patronales y hasta 167 créditos fiscales por 172 millones de pesos.
Universal TD2 se presenta en los contratos públicos como una operadora de “Servicios Profesionales, Técnicos, Administrativos y de Apoyo a Tareas diversas”, y se desempeña como una administradora de nómina o de servicios profesionales de contratación.
En la totalidad de sus procedimientos, acude en consorcio con la razón social SCOI Soluciones Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V., representada en todos los actos por Octavio Rubén Peña Bressant, identificado también en diversos actos anteriores como representante de la propia Negocios Universal y de quien se presume es pariente del expresidente de México.
En el caso del CPTM, la empresa proveyó “Servicios Profesionales, Técnicos, Administrativos y de Apoyo a Tareas diversas que desarrollaran las Áreas del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., a través de un Servicio Especializado con Terceros” por 43 millones 103 mil 448 pesos, de acuerdo con el procedimiento AA-021W3J001-E27-2018; uno de los pocos que según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no correspondía en adjudicación directa por encontrarse en el mercado proveedores con la capacidad suficiente para otorgar un servicio similar.
El CPTM era un organismo que adjudicaba de manera directa más de 95% de sus contratos. Con base en estudios de mercado, el organismo elegía los eventos que representen mayor exposición para los destinos turísticos nacionales; tal es el caso del procedimiento AA-021W3J001E24-2018 que contiene el contrato 1771034 realizado con la NFL para realizar “Servicios de promoción de México en torno a la celebración de hasta tres partidos”, el cual fue por 43.5 millones de dólares, es decir, 20% del total del presupuesto asignado a la promoción el año pasado.
Peña Bressant, además, aparece como apoderado legal o representante de empresas ante otros organismos extinguidos por la 4T por presuntos derroches y malos manejos, como es el caso de ProMéxico.
Ayer, Santiago Nieto dijo que están preparando una denuncia contra el CPTM por el desvío de 3 mil millones de pesos durante el gobierno pasado a cuentas propias y de empresas en Estados Unidos. El caso, dijo, se trabaja con el secretario de Turismo,
Miguel Torruco.
También reveló que realizan investigaciones de lavado de dinero y corrupción política en torno a la operación y administración de los recursos de la SCT en el sexenio pasado, cuando la encabezó Gerardo Ruiz Esparza, uno de los incondicionales del expresidente Peña Nieto.